Las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela no han cesado y las fuerzas de seguridad del régimen siguen siendo las responsables de las atroces operaciones que han sido denunciadas incluso por organismos como Human Rights Watch y por Naciones Unidas.
El Político
Desde 2012 hasta marzo de este año, la ONG venezolana Cofavic ha registrado más de 11.300 presuntas ejecuciones cometidas por funcionarios de seguridad del Estado; y solo en el primer trimestre de 2020, la organización que defiende los derechos humanos, ha contabilizado 357 casos, todos ellos ocurridos en sectores populares o deprimidos, conocidos como barrios.
Los procedimientos especiales iniciaron en 2015 en los barrios populares con despliegues policiales, ordenadas por el régimen, y con ellos nacieron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el temido grupo de exterminio, con la finalidad de «combatir» la violencia. Pero estas operaciones se han traducido en excesos y abusos de autoridad que incluyen además la toma de la zona hasta la detención arbitraria de mujeres y hombres, dejando muy lejos las garantías para el respeto de sus derechos humanos.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, dijo en conversación con ABC que el 99% de las víctimas son hombres y 76% son menores de 25 años, y quienes denuncian son en su mayoría pensionados que viven en precarias condiciones y cuyo ingreso económico es el salario mínimo -casi dos euros mensuales-. Explicó que los ejecutados dejan hijos pequeños, y las familias sobrevivientes se ven obligados a salir de manera forzada por miedo a las represalias que toman muchas veces los funcionarios al volver.
«La media de las ejecuciones ocurren a plena luz del día con presencia de vecinos como un mecanismo de mostrar control social. El 99% de los casos no llegan a juicios y las familias de las víctimas no tienen la oportunidad de sentarse frente a un juez independiente para ser escuchadas. Esto ha sido documentado por las Naciones Unidas, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», dijo Ortega.
En un informe presentado por Human Rights Watch (HRW) en septiembre del año pasado arrojó que desde 2016 hasta la fecha de publicación, las FAES habían ejecutado a casi 18.000 personas por supuestamente «resistirse a las autoridades». En ese momento, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que «las fuerzas de seguridad venezolanas matan y detenienen arbitrariamente a quienes son acusadas de cometer delitos sin mostrar ninguna evidencia».
Las denuncias realizadas por Cofavic y por HRW son consistentes con el patrón identificado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, que a través de un demoledor informe pidió al régimen de Nicolás Maduro disolver al grupo de exterminio y expuso casos con seudónimos para proteger la integridad de los denunciantes. Sin embargo, Maduro solo se pronunció para decir que era un reporte «selectivo» y «parcializado». El informe detallaba que los miembros de las FAES llegaban vestidos de negro con el rostro cubierto. Se transportan en camionetas sin matrícula y portando armas largas. Una vez en las casas, separan a los jóvenes que presuntamente están inmersos en delitos y los asesinan. También detalló que algunas mujeres sufren violencia sexual en esos escenarios.
Fuente: Alberto News
