El presidente brasileño, Michel Temer, que impulsa un duro programa de ajustes estructurales que el pasado viernes llevó a los sindicatos a realizar una huelga general, afirmó que el país «sigue y seguirá trabajando, con o sin protestas».
Antes de un encuentro con el ministro de Finanzas, Taro Aso, el mandatario dijo a periodistas en Sao Paulo que «el brasileño es un pueblo optimista» y garantizó que «pase lo que pase» no dejará de trabajar «por el bien del país».
Manifestantes encienden las calles en protestas contra Temer
Temer insistió en que las reformas económicas y laborales que ha propuesto «generan en un primer momento objeciones y contestaciones, que son típicas de una democracia plena como la que el país vive», pero insistió en que «con el tiempo» será reconocida su «necesidad».
Una de las reformas más polémicas fue aprobada esta semana en la Cámara Baja en primera instancia, aún debe ser discutida por el Senado y propone una amplia modificación de las leyes laborales.
Uno de los puntos de mayor controversia plantea que «lo acordado valga por encima de lo legislado», lo cual daría valor legal a los convenios pactados entre trabajadores y empleadores, aún cuando no se ajusten totalmente a las normativas en vigor.
El proyecto también elimina la llamada «contribución sindical obligatoria», conocida como «impuesto sindical», mediante la cual se le descuenta a los empleados un día de trabajo anual para destinarlo al gremio en que están afiliados.
La propuesta forma parte de una serie de medidas promovidas por el Gobierno para intentar recuperar a la economía nacional de una profunda recesión que ha costado una caída de casi ocho puntos porcentuales en los dos últimos años.
La reforma laboral es acompañada por una ley, ya aprobada, que regula la llamada «tercerización» o subcontratación y permite que las empresas conviertan a sus empleados en prestadores de servicios en cualquiera de sus actividades.
El trípode de las grandes reformas de las leyes que afectan a los trabajadores lo completa una que apunta a establecer una edad mínima para la jubilación, a la que los brasileños acceden hasta ahora con 35 años de cotización como único requisito.
Según el Gobierno, esas medidas son claves para «modernizar» la legislación laboral, transmitir confianza a los inversores, impedir la quiebra del deficitario régimen de jubilaciones y devolver así el equilibrio a la maltrecha economía del país.
También sostiene que esas reformas permitirán una recuperación del mercado de trabajo y generarán las plazas necesarias para poner fin al alto índice de desempleo, que en el primer trimestre de este año llegó al 13,7 %, lo cual supone que 14,2 millones de brasileños están en el paro.
Fuente: EFE
