EEUU sigue empeñado en terminar vínculos con las empresas de telecomunicaciones chinas que Donald Trump inició hace cuatro años.
El Político
Las pequeñas redes de comunicaciones, en su mayoría en zonas rurales, están cargadas de viejos equipos chinos que no pueden permitirse retirar y que no pueden reparar si se rompen.
Las empresas dicen que quieren deshacerse de la tecnología china, pero los fondos prometidos por el Congreso no llegan con rapidez y no son suficientes para cubrir los costos, según el portal Político.
Los funcionarios de seguridad de Estados Unidos han advertido, tanto bajo la administración de Trump como de Biden, que dos empresas chinas en particular, Huawei y ZTE, están en deuda con el gobierno de China y son un importante riesgo para la seguridad nacional.
Han señalado la posibilidad de espionaje y de intromisión extranjera si no se retiran sus routers, antenas y radios de las redes de telefonía móvil e Internet de Estados Unidos.
¿Disputa tecnológica o política?
En medio de esta disputa entre Estados Unidos y China se encuentran casi 200 operadores estadounidenses que incorporaron piezas de estos gigantes chinos de las telecomunicaciones a sus operaciones.
Eso incluye redes inalámbricas rurales y proveedores de Internet y televisión de banda ancha, un puñado de universidades y distritos escolares e incluso gobiernos municipales.
La escasez de fondos está complicando la puesta en marcha de los subsidios y avivando la preocupación de que la tan esperada tarea de arrancar este equipo podría retrasarse hasta 2023 o más allá.
Esto socava la urgencia en torno a un temor de seguridad nacional largamente sostenido de que el gobierno chino podría acceder al equipo para escuchar las llamadas o incluso interferir con las infraestructuras críticas o las operaciones militares.
Las tensiones logísticas también amenazan a las empresas estadounidenses mientras el presidente Joe Biden y los demócratas defienden su programa más amplio, especialmente en las zonas rurales de Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
La Comisión Federal de Comunicaciones reveló la semana pasada que costará 3.080 millones de dólares más que los 1.900 millones asignados originalmente para pagar a las empresas estadounidenses para que se deshagan de Huawei y ZTE.
Fondos del Congreso
El Congreso tiene ahora que aportar los fondos adicionales para extraer y sustituir esas piezas, que constituyen las tripas y a veces el cerebro de estas redes.
El equipo puede ser cualquier cosa, desde el cable coaxial hasta los routers de los emplazamientos celulares y los nodos de acceso ethernet, a menudo situados en las torres de una red y entre ellas, y a veces incluso dentro de los hogares de los clientes.
«Será un proceso bastante arduo», dijo en una entrevista Jonathan Bullock, director de producto y estrategia de Hotwire Communications, un proveedor de servicios de Internet del sur de Florida que busca más de 140 millones de dólares.
«Y, creo, bastante injusto para los operadores y los clientes, si no aportan la financiación adicional».
Este equipo chino se limita a un puñado de zonas típicamente más rurales del país, al menos, dado que gigantes de las telecomunicaciones como AT&T y Verizon rechazaron hace tiempo la inclusión de este tipo de equipos.
Seguridad
Pero los funcionarios de seguridad dicen que incluso la presencia esporádica crea vulnerabilidades inaceptables, lo que llevó al actual esfuerzo por arrancar y reemplazar los componentes físicos.
Sin embargo, gran parte de ese trabajo físico no ha comenzado, a pesar de que los funcionarios estadounidenses estaban celebrando foros sobre la necesidad ya a mediados de 2019.
Las pequeñas empresas dicen que no pueden afrontar el dinero, que varios dicen que ascenderá a muchas decenas de millones.
Varios pequeños transportistas buscan más de 100 millones de dólares cada uno, y muchos dicen que los costes para reemplazar el equipo están aumentando mientras esperan.
Esto ha dejado a estas entidades estadounidenses en la estacada, esperando años para que el gobierno cumpla su promesa multimillonaria de financiar la sustitución de los equipos de Huawei y ZTE por alternativas a menudo más costosas, pero de confianza, de empresas como las europeas Nokia y Ericsson.
El limbo es especialmente frustrante para las pequeñas empresas de telecomunicaciones porque la prohibición de la era Trump de comprar equipos de Huawei y ZTE significa que no pueden obtener actualizaciones técnicas, comprar piezas de repuesto o incluso recibir asistencia al cliente de las empresas.
Huawei, que niega plantear tales riesgos de seguridad, está haciendo muecas ante las consecuencias.
«Es bastante angustioso», dijo en una entrevista el director de seguridad de Huawei USA, Andy Purdy.
«Y la carga sobre esas pequeñas empresas y sus empleados y las comunidades a las que sirven es muy preocupante. Pero el hecho es que no se nos va a permitir marcar la diferencia».
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