La Policía Federal brasileña desarticuló una gigantesca red criminal, que involucraba a varias de las mayores productoras de carnes del país y que sobornaba a fiscales sanitarios para poder vender carne adulterada, no apta para el consumo y hasta vencida, informaron fuentes oficiales.
En una operación que movilizó a cerca de 1.100 agentes de la Policía Federal en 7 de los 27 estados brasileños fueron detenidas decenas de acusados de participar en la organización, entre ellos ejecutivos de empresas como las multinacionales BRF y JBS, que figuran entre las mayores exportadoras mundiales de carnes.
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El grupo criminal era liderado por empresarios del agronegocio y fiscales sanitarios en diferentes estados, que recibían sobornos para flexibilizar la fiscalización, informó la Policía Federal en un comunicado.
«Los agentes públicos, valiéndose del poder de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin fiscalización efectiva de los alimentos», asegura el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.
Entre las irregularidades detectadas en dos años de investigación destaca la venta de carne no apta para el consumo, que era adulterada con productos químicos, la comercialización de productos con exceso de agua o almacenados en condiciones inadecuadas en los frigoríficos y el empaque en embalajes nuevos de productos cuya caducidad había vencido.
Los fiscales omitían la supervisión incluso en casos en que la carne de los embutidos era mezclada con cartón.
Los superintendentes de los órganos de fiscalización agropecuaria también fueron acusados de determinar el traslado a otros estados de fiscales que no aceptaban participar en las irregularidades.
«Esa conducta permitía que los frigoríficos y las empresas del ramo alimenticio mantuvieran su actuación delictiva y operaran sin ningún respeto a la legislación vigente», según la Policía Federal.
La organización fue descubierta precisamente porque un fiscal se negó a aceptar los sobornos y buscó a la Fiscalía para denunciar que lo habían trasladado como castigo por cumplir sus funciones.
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El juzgado 14 federal de la ciudad de Curitiba, responsable por la operación, ordenó el arresto de 38 personas, la conducción a la fuerza a comisarías de otras 77 y registros en 194 empresas y residencias de los acusados en los estados de Sao Paulo, Brasilia, Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Minas Gerais y Goiás.
De acuerdo con la Policía, entre los detenidos figuran ejecutivos de la BRF, empresa fabricante de las marcas de carne Sadia y Perdigao, y la JBS, que produce y exporta las marcas Friboi, Swift y Seara.
El juez responsable por el caso también ordenó el decomiso de 1.000 millones de reales (unos 322,6 millones de dólares) en cuentas o bienes de los acusados.
Con información de EFE
