La Policía Federal brasileña allanó la sede de la cárnica JBS, la empresa implicada en un escándalo de corrupción que tiene contra las cuerdas al presidente Michel Temer, en una operación para buscar pruebas en una investigación sobre uso de información privilegiada en operaciones bursátiles y de cambio.
La operación en la ciudad de Sao Paulo fue realizada en coordinación con la Comisión de Valores Mobiliarios (CMV), el órgano regulador del mercado bursátil en Brasil y que ha abierto nueve investigaciones contra JBS por diferentes irregularidades, informó la Policía Federal en un comunicado.
El allanamiento fue determinada por el juzgado sexto federal criminal de Sao Paulo, que expidió tres órdenes de allanamiento e incautación de documentos y memorias informáticas en empresas del grupo JBS así como mandatos para que cuatro investigados sean conducidos a la fuerza a rendir testimonio en comisarías.
JBS es acusada de haber comprado una elevada cuantía de dólares y de haber vendido una gran cantidad de sus acciones en los días previos a que estallara el escándalo que provocó por sus acusaciones contra Temer.
La empresa obtuvo enormes ganancias con las operaciones que realizó en el mercado cambiario y bursátil antes de que el escándalo que puso a temblar al Gobierno brasileño provocara fuertes turbulencias en los mercados.
Los propietarios de JBS confesaron en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia que en los últimos años pagaron coimas por 600 millones de reales (unos 187,5 millones de dólares) a 1.829 políticos de 28 partidos a cambio de favores en sus negocios.
Los hermanos Joesley y Wesley Batista, controladores de la cárnica y que fueron autorizados a viajar en Nueva York por supuestos motivos de seguridad, dijeron haberle pagado sobornos tanto a Temer como a los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.
Como parte de su acuerdo con la Justicia, le entregaron a la Fiscalía una grabación en la que Wesley Batista relata varias de sus corruptelas en una conversación en la que Temer escucha sin cualquier reacción a las referencias de los diferentes ilícitos.
Las acusaciones justificaron la decisión de la Corte Suprema de abrirle una investigación al jefe de Estado por los supuestos delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación para delinquir que amenaza su mandato.
La Policía Federal explicó en su comunicado de que la operación de este viernes en la sede de JBS tiene por objetivo investigar el «uso de informaciones privilegiadas en el mercado financiero.
«La investigación intenta esclarecer dos eventos: la venta de acciones de JBS en la bolsa de valores por parte de su controladora a finales de abril, en el período concomitante a un programa de recompra de acciones de la empresa; y las compras de contratos futuros de dólar en la bolsa de futuros y de dólares en efectivo entre el final de abril y mediados de mayo», dice la nota.
De acuerdo con el organismo, «hay indicios de que esas operaciones ocurrieron con el uso de informaciones privilegiadas y que garantizaron ventajas indebidas en el mercado de capitales en un contexto en que casi todos los inversores tuvieron pérdidas».
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Según la Policía, en caso de que se compruebe su culpabilidad, los investigados podrán ser condenados a penas de entre 1 y 5 años de prisión y al pago de multas por un valor tres veces superior al de la ganancia obtenida por crímenes financieros.
El jueves, la petrolera estatal Petrobras rescindió el contrato por el que ofrecía gas natural a una térmica vinculada a JBS por violación de la cláusula del contrato en que las dos partes acordaron combatir la corrupción.
Y la Caixa Económica Federal, el segundo mayor banco público de Brasil, exigió el pago anticipado de una deuda de JBS por el temor de que la empresa comience a enfrentar problemas financieros.
JBS, hasta hace un par de años la mayor exportadora mundial de carnes y segunda mayor productora de alimentos después de Nestlé, está en la mira del mercado y de sus acreedores desde que sus propietarios llegaron al acuerdo con la Fiscalía.
El grupo, urgido de recursos para pagar sus deudas y mantenerse en un mercado que le cerró el acceso a créditos y encareció las ventas a plazo, anunció esta semana la venta por 300 millones de dólares de sus operaciones de carne bovina en Argentina, Paraguay y Uruguay a la también brasileña Minerva.
Fuente: EFE
