En línea con la intención del oficialismo expresada en el Congreso durante la apertura de las sesiones ordinarias, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró el pedido de juicio político para remover a la procuradora Alejandra Gils Carbó.
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La institución presentó el pedido en diciembre ante el Congreso al considerar que la procuradora incurrió en «mal desempeño» de sus funciones. El titular del Colegio de Abogados, Alejandro Lipera, sostuvo que Gils Carbó «no cumplió con la normativa que regula el proceso de nombramiento de los jueces». Y precisó que la presentación hace referencia a una serie de fallos de la Justicia que sostiene la «irregularidad del accionar de la procuradora» en la designación de nuevos magistrados.
El eje del cuestionamiento es el incumplimiento de las normas que regulan los procesos de nombramientos, el establecimiento de «un sistema discrecional, en el que Gils Carbó elegía a quienes integran los jurados». En la presentación se destaca, como caso emblemático, el de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), donde se nombró a Carlos Gonella, pese a que «no había participado de ningún concurso cuando era subrogante en una fiscalía de Córdoba».
Sin una agenda potente de proyectos de ley para discutir en el Congreso, el oficialismo en la Cámara de Diputados tiene otro objetivo en sus planes: poner en marcha el juicio político contra Gils Carbó.
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Tras el fracaso durante el año pasado del proyecto para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, Cambiemos explora otro camino para intentar destituir a la jefa de los fiscales, a quien atribuyen el avance de causas contra el presidente Mauricio Macri. La vía del juicio político fue la receta reclamada por Elisa Carrió, en octubre pasado, cuando por su oposición se cayó el intento del oficialismo de destituirla.
Con información de La Nación de Argentina
