Varias organizaciones civiles internacionales emitieron hoy un pronunciamiento en el que afirman que el archivamiento en Perú de 77 denuncias de esterilizaciones forzadas de mujeres, cometidas entre 1996 y 2000, perpetúa la cultura de la impunidad, el racismo y la violencia machista.
En el día internacional de los derechos humanos, el Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de Mujeres Campesinas (IAMAMC), la Red de Migración, Género y Desarrollo (España), Raíces y Alas – Colectiva para trabajos sobre Género, Derechos Humanos, Democracia y Buen vivir y la Red Iberoamericana de Mujeres manifestaron su solidaridad con las víctimas.
Asimismo, manifestaron su preocupación e indignación por el fallo de la fiscal Marcelita Gutiérrez que archivó la denuncia que buscaba determinar la responsabilidad política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y sus entonces ministros de Salud en los hechos denunciados.
El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar impulsado por Fujimori fue aplicado entre 1996 y 2000 y mediante el cual se esterilizó a cerca de 300.000 mujeres y 22.000 hombres de poblaciones indígenas, según cifras del Ministerio de Salud.
«Nos indigna la falta de seriedad de la magistrada, pues, según señalan las organizaciones de víctimas, usa como fundamento para archivar el caso la inexistencia de historias clínicas, el que las mujeres no señalen quiénes las operaron y que el ser quechuahablantes no es motivo de vulnerabilidad y que no se demuestra la amenaza y el maltrato que dijeron padecer», indicó el pronunciamiento.
Las denuncias fueron presentadas por la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF), integrada por organizaciones de víctimas de Cuzco, Huancabamba, Cajamarca y Lima.
«Nos extraña que la magistrada no ha tomado en cuenta los testimonios de las víctimas que narraron la forma cruenta cómo fueron esterilizadas, ni que tomara en cuenta las actuales secuelas que las esterilizaciones dejaron en su autonomía sexual y reproductiva, en su autonomía económica y en su bienestar emocional y social», agregó el documento.
También dijo que era «inconcebible» que la resolución fiscal no haya tomado en cuenta la desaparición de las historias clínicas, la coacción, la inexistencia de consentimiento informado, amenazas, torturas, y analfabetismo de muchas víctimas.
Las organizaciones se dirigieron al fiscal superior Luis Landa, que tendrá a su cargo la apelación, para expresarle que es imperativo que «la justicia peruana no les continúe dando la espalda y tome con seriedad la demanda de las víctimas».
Igualmente, manifestaron que existe una fuerte presión de intereses ligados a los principales responsables que desean mantenerlos en la impunidad, «tan es así que las mujeres víctimas y las defensoras han recibido amenazas contra su seguridad e integridad».
Las 77 denuncias archivadas no habían sido consideradas en una primera resolución de la fiscal emitida en julio donde archivaba también de manera definitiva una denuncia anterior por esterilizaciones forzadas contra Fujimori y sus exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
La organización feminista Demus, que representa legalmente a las denunciantes Victoria Vigo y Celia Ramos, indicó que la fiscal archivó las acusaciones por no encontrar responsabilidad de autoría mediata (con dominio del hecho) en las esterilizaciones forzosas ni poder comprobar que estas constituyeran una violación a los derechos humanos.
Con información de: EFE
