El campesino peruano muerto el pasado viernes en un enfrentamiento entre agricultores y policías durante una protesta contra la mina Las Bambas, operada por el consorcio australiano-chino MMG, falleció por un disparo en la cabeza, confirmó el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
En un mensaje difundido en redes sociales, Basombrío indicó que el cadáver del campesino Quintino Cereceda Huiza presenta un orificio en su frente, causado por la entrada de la bala, y otro en la parte posterior de su cráneo por la salida del proyectil.
El ministro explicó que los peritajes forenses se realizaron a pedido de su ministerio y contaron con la presencia de representantes de la comunidad campesina a la que pertenecía Cereceda y de delegados de la Defensoría del Pueblo.
Basombrío señaló que el fiscal a cargo de la investigación ordenó realizar la prueba de absorción atómica y el peritaje de armas a los 150 policías antidisturbios que participaron en la represión de la protesta campesina para determinar si alguien de ellos realizó el disparo.
El titular de la cartera de Interior agregó que la intervención policial fue aprobada por el jefe de planeamiento operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, Juan Fernando Zarango, sin dar cuenta «como corresponde a sus superiores».
El ministro añadió que los policías actuaron sin una orden de operaciones, que debía haber elaborado el jefe de la División Policial de Abancay, Claudio Zúñiga.
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«No podemos dejar de cuestionar que el coronel Zúñiga solicitara maquinaria pesada a la empresa Las Bambas y debemos señalar nuestra preocupación por la aceptación de la empresa a ese pedido, más aun cuando el proceso de negociación seguía en curso», comentó.
Basombrío advirtió que ambos oficiales de la Policía incurrieron en faltas graves que «podrían ser sancionadas con la baja de la institución».
En el momento del enfrentamiento, que dejó al menos veinte agentes heridos, la Policía intentaba dispersar a los campesinos que bloqueaban una carretera que discurre entre sus caseríos y que es utilizada por la minera para transportar en camiones de gran tonelaje el mineral extraído.
Los agricultores consideran que ese tránsito perturba la vida y el medioambiente de la zona, ya que el proyecto inicial contemplaba la construcción de un ducto de 206 kilómetros que transportaría el mineral hasta la provincia cusqueña de Espinar.
En total son 47 comunidades campesinas repartidas en un área de 35.000 hectáreas, contrarias al modelo de la explotación de Las Bambas.
Una protesta realizada en septiembre de 2015 dejó tres muertos y al menos quince heridos en enfrentamientos con la Policía.
Los manifestantes denunciaban entonces cambios sustanciales en el proyecto como la instalación de una planta de filtrados y otra de molibdeno, y la cancelación del ducto que transportaría los minerales.
Las Bambas, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Cotabambas, de los Andes del sur de Perú, tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y 10,5 millones de toneladas de recursos minerales, con una expectativa de producir 2 millones de toneladas de cobre concentrado en 5 años, según MMG.
Con información de EFE
