Disgusto en Oriente Medio por las recientes declaraciones de Geert Wilders, el político conservador que, esta semana, arrasó en las elecciones parlamentarias de Países Bajos.
El Político
Wilders, a quien se describe como islamófobo por sus posturas con respecto a esa religión, llegó a proponer la reubicación de los ciudadanos palestinos que se encuentran desplazados.
En tal sentido, el dirigente, quien podría ser el próximo jefe de Gobierno de Países Bajos, sugirió la movilización de miles de personas que solían habitar en Gaza o Cisjordania hasta el Reino de Jordania.
La idea generó malestar en ese Estado, cuya reacción no se hizo esperar. Desde el ministerio jordano de Asuntos Exteriores consideraron como “racistas” las palabras del diputado neerlandés.
La codena de Jordania estuvo acompañada por la de los países que hacen vida dentro de la Liga Árabe. Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Yemen también emitieron comunicados, de manera individual.
Sin embargo, la reacción más destacada fue la de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Desde allí, calificaron la sugerencia de Wilders como una “agresión” al pueblo palestino.
La AUP también habló de una “flagrante injerencia”, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina, un despacho que opera en Ramala, esgrimieron que la idea de Geert Wilders suponía la negación del derecho de los palestinos.
El comunicado difundido por la oficina ministerial asegura que Palestina tiene “derecho a establecer su Estado independiente, con Jerusalén Este como capital”.
La fama anti islámica de Wilders ha sido construida por el propio político durante, al menos, dos décadas. En ese periodo, el dirigente ha lanzado controvertidas propuestas.
Entre ellas figura, por ejemplo, la prohibición del Corán dentro del territorio de Países Bajos. También ha postulado la mudanza de la embajada neerlandesa de Tel Aviv a Jerusalén.
Ese movimiento implicaría un reconocimiento de facto de Jerusalén como capital del Estado de Israel y, por tanto, una traba para la idea de que Israel y Palestina compartan la capital.
Lo último sólo sería posible si las partes admiten que la urbe sea gobernada y administrada por una autoridad internacional.
