La OEA reiteró este martes que las acciones cometidas o permitidas por el gobierno de Nicaragua desde que estalló la crisis política en 2018 han afectado gravemente el orden democrático en el país, que vive “una crítica situación” de derechos humanos y que requiere urgente atención de la comunidad internacional, informó Reuters.
El Político
Una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en agosto, presentó un informe sobre la situación en la nación, en zozobra desde abril del año pasado cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió varias protestas en su contra que dejaron más de 326 fallecidos, según diversos organismos.
“Las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”, dijo la OEA.
Agregó que los mecanismos de control y subordinación que el gobierno ha venido desarrollando hacia los demás poderes “hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”.
El reporte advierte, además, que la falta de libertades es grave y genera una “situación crítica respecto a las libertades civiles y políticas”. También ve “imperativo generar condiciones que garanticen el cese a las violaciones a los derechos humanos”.
“El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano”, dijo la comisión.
Por su parte, France 24 reseña que la OEA concluye que existe una «alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua», lo que acercaría al país a una suspensión del organismo, la forma más dura que tiene para amonestar a un país.
El documento destaca que las gestiones de la OEA con el Gobierno de Daniel Ortega no han rendido fruto y pide una convocatoria «inmediata» de una asamblea general de carácter extraordinario con los cancilleres del continente. En dicho encuentro, los diplomáticos podrían determinar la suspensión de Nicaragua o postergar la decisión.
