El brigadier Miguel Krassnoff, un exagente de Augusto Pinochet que acumulaba hasta ahora sentencias por 386 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y que libra una batalla judicial para ser excarcelado, recibió este jueves una nueva condena en el caso de una detenida desaparecida.
En un fallo unánime, la II Sala Penal de la Corte Suprema ratificó contra Krassnoff una condena a siete años de prisión por el secuestro calificado (desaparición) de Mónica Llanca Iturra, de 23 años, funcionaria del Registro Civil, ocurrido el 6 de septiembre de 1974 en Santiago.
Además de Krassnoff fueron condenados en este caso el exsuboficial Basclay Zapata y el coronel de Gendarmería (Servicio de Prisiones) Orlando Manzo, a cinco años y un día tras las rejas. Ambos están también en prisión, condenados a más de 300 años en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
Mónica Llanca Iturra es una de las víctimas de la Operación Colombo, montada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, para encubrir en 1975 la desaparición de 119 prisioneros políticos, la mayoría pertenecientes al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), agrupación que combatió con las armas a la dictadura.
A través de dos periódicos “Lea” y “O novo dia”, que se editaron por única vez en Argentina y Brasil, respectivamente, con la complicidad de las dictaduras de esos países, la DINA publicó los nombres de las víctimas, afirmando que habían muerto en purgas internas del MIR.
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La prensa chilena se hizo eco de las publicaciones con titulares como “Exterminados como ratas”.
La joven Mónica Llanca fue secuestrada por un comando de la DINA desde el domicilio que compartía con su marido y su bebé de dos años y por testimonios de supervivientes se supo que estuvo en dos recintos de tortura y exterminio de la policía secreta, el último de ellos llamado Cuatro Álamos, donde se perdió su rastro.
En el aspecto civil, la Corte Suprema confirmó la resolución que condenó al fisco a pagar indemnizaciones de perjuicios por daño moral de cincuenta millones de pesos (unos 74.000 dólares) al hijo de la víctima y de veinte millones de pesos (29.000 dólares) a su marido.
El pasado martes, una comisión oficial de la Corte de Apelaciones de Santiago negó la libertad condicional de Miguel Krassnoff, que la solicitaba por haber mantenido buena conducta en los últimos meses en la prisión especial de Punta Peuco, donde cumplen condena los violadores de los derechos humanos.
Según la Comisión, Krassnoff “carece del comportamiento intachable” necesario para obtener el beneficio, ya que no reconoce como delitos sus crímenes y no muestra señales de arrepentimiento.
“Justifica su actuar en las necesidades de la época, muestra insuficiente conciencia del delito, del daño y del mal causado; solo reconoce circunstancialmente y de manera incompleta la autoría en los ilícitos sin evidenciar una auténtica necesidad de cambio en su actitud frente al ilícito”, señala el informe.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
Con información de EFE
