A la devastación del Parque Nacional Canaima arrasado por los mineros, se suman las denuncias de que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia mantiene el control de la explotación al sur de Venezuela, mientras los minerales son extraídos por los caminos verdes sin que reporten ingresos al país, a la par de masacres vinculadas con la minería, que ocurren de forma recurrente y que terminan diluidas en la burocracia del sistema de justicia.
Entre los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, que fue vendido como la guía de actuación del gobierno de Nicolás Maduro, se habla de “contribuir al desarrollo del sistema económico nacional mediante la explotación y transformación racional sustentable de los recursos minerales, con el uso de tecnología de bajo impacto ambiental”, algo que va a contravía de las recientes imágenes que muestran al Parque Nacional Canaima arrasado por los mineros. Son imágenes que gritan la destrucción de esa tierra de tepuyes, donde se impone el Salto Ángel, ante la mirada complaciente de un Gobierno sediento de recursos y poco apegado a su “compromiso histórico” de preservar la vida en el planeta.
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A esta devastación se suman las denuncias de que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) mantiene el control de la explotación al sur de Venezuela mientras los minerales son extraídos por los caminos verdes sin que reporten ingresos para la nación, a la par de masacres vinculadas con la minería, que ocurren de forma recurrente y que terminan diluidas en la burocracia del sistema de justicia.
En el día a día de los venezolanos cada vez se habla con más énfasis del contrabando de oro como si se tratara de una de las pocas actividades económicas con tendencia expansiva en el país, pero por una ruta muy distante a la del desarrollo y prosperidad que prometió el Gobierno.
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Las bases del desarrollo minero ofrecido por las autoridades se encuentran en un decreto emitido en 2011, en la gestión de Hugo Chávez, que le reservaba al Estado todas las actividades de exploración y explotación del oro, junto a las conexas y auxiliares, lo que puso fin al esquema que regía para las concesiones mineras y que condujo a la figura de empresas mixtas, con el cual muchas transnacionales quedaron fuera. Aunque esto le concedió al Estado todo el poder sobre la actividad, marcó el declive en la extracción aurífera formal en el país.
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