El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió por cuarta vez el llamado decreto de «Estado de excepción y emergencia económica» por 60 días más, una norma que debe ser enviada al Parlamento para su aprobación, aunque el Legislativo ya la ha rechazado en sus anteriores extensiones.
La nueva prórroga, que fue publicada en la gaceta oficial con fecha de 13 de septiembre y difundida hoy, reitera los objetivos del decreto que se emitió por primera vez, el 14 de enero pasado, para hacer frente a la crisis económica y financiera del país caribeño.
Se indica en el decreto que la prórroga se realiza considerando «que la efectividad del estado de emergencia económica decretado a fin de proteger al pueblo venezolano ha sido determinante en contra de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía».
También se extiende considerando «que para enfrentar el asedio instaurado en contra de la economía venezolana resulta ineludible, proporcional, pertinente y necesario implementar mecanismos alternos de producción, distribución y abastecimiento de alimentos, bienes y servicios».
LEA TAMBIÉN: Oposición venezolana convoca marcha para el 16S
La declaración de emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El decreto fue puesto en marcha desde enero pese a la desaprobación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.
Desde que se emitió el decreto y en las tres extensiones anteriores, el Legislativo ha argumentado que la norma desconoce la Constitución y «el dolor de las familias venezolanas» frente a la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, además de la inflación galopante.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en todas las anteriores oportunidades la constitucionalidad del decreto que, según dijo, responde a la necesidad de proteger a los ciudadanos e instituciones «de acciones tendientes a desestabilizar la economía y el orden social del país».
Se espera entonces que la cuarta prórroga de este decreto sea discutida en el Parlamento y que también se pronuncie nuevamente el TSJ.
Con información de EFE
