El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva se reunió hoy con líderes sindicales para trazar una estrategia conjunta contra las reformas económicas propuestas por el Gobierno de Michel Temer, que incluyen un duro ajuste fiscal.
El exmandatario y el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vágner Freitas, centraron su encuentro en discutir el proyecto de reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, que pretende subir a los 65 años la edad mínima para acceder a la renta por retiro.
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«Esa propuesta parece que se remonta a los tiempos de la esclavitud. Me parece que la crítica es unánime en los movimientos sindicales y sociales», dijo Lula, citado en un comunicado divulgado hoy en su página web.
En este sentido, las partes «establecieron puntos en común para que las centrales (sindicales) trabajen juntas».
La iniciativa del Gobierno brasileño fue presentada al Legislativo la semana pasada y propone los 65 años como edad mínima tanto para hombres como para mujeres para acceder a los beneficios de la jubilación, además de imponer la obligatoriedad de cotizar al menos 25 años.
Actualmente, Brasil permite a las mujeres jubilarse con 30 años de cotización y a los hombres con 35 sin que exista ningún límite de edad para ello, por lo que hay casos en los personas con apenas 50 años ya pueden acogerse al sistema estatal de protección social.
La intención del Ejecutivo es atajar el crecimiento del déficit del sistema de jubilaciones y pensiones, que actualmente se calcula en unos 150.000 millones de reales (44.118 millones de dólares).
En esa reunión también estuvieron presentes el presidente de la Confederación Nacional de los Metalúrgicos, Paulo Cayres y el exministro de Seguridad Social en los Gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, Carlos Gabas.
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Movimientos sindicales y sociales convocaron hoy protestas en varias ciudades de Brasil para protestar por estas reformas y también contra los últimos casos de corrupción, que volcado sospechas sobre el presidente Temer y varios de sus ministros más influyentes.
El Senado brasileño aprobó hoy una de esas polémicas medidas económicas, la que corresponde a imponer durante las próximas dos décadas un techo de gasto público supeditado a la inflación del año anterior.
Según la oposición, a efectos prácticos ese límite constituye congelar el presupuesto para áreas como salud, educación y atención social.
Con información de EFE
