Este jueves, durante la sesión de la fraudulenta Asamblea Constituyente , Nicolás Maduro introdujo un proyecto de ley para que sea “debatida” por los constituyentistas, con la finalidad de frenar la presunta campaña de “odio” que ha sido promovida por el sector de la oposición.
Con el débil argumento de superar campañas de intolerancia , violencia y persecución, señaló que había llegado la hora se castigar los delitos que se han cometido en nombre del odio, y ofreció de 15 a 25 años de cárcel a todas aquellas personas que convoquen a ” acciones violentas y que genere zozobra en la población”.
Nicolás obvió por completo las acciones que ha tomado los funcionarios policiales contra los protestantes, quienes haciendo uso excesivo de la fuerza han ocasionado más de 100 muertes y miles de heridos, sin contar que los paramilitares o colectivos, trabajan en pro de erradicar a aquellos que difieren del pensar madurista.
Aunado al asunto, el Gobierno mantiene un doble discurso, la lista de presos políticos elevó a 676, mientras que al menos 15 alcaldes ( opositores ) estarían en la mira del régimen. Violaciones de derechos humanos a diario en contra de los presos políticos y detenidos en las protestas, despidos injustificados , cese de servicios y una lista inmensa que catalogaría al Gobierno como el – rey del odio -.
¿Es esto justo?
Al parecer, la justicia aplicaría solo para un sector, como lo han hecho desde al menos 18 años, por lo que el abogado penalista Joel García, argumentó que esta acción podría además de ser un retroceso para los Derechos Humanos, tiene la infame finalidad de callar al ciudadano en todo lo que implica al Gobierno, – cero reclamos y cero críticas sobre el mal funcionamiento de organismos-.
El abogado puntualizó que penalizar a una persona por 25 años con el argumento acusatorio de presuntos delitos de odio, es violar catastróficamente los Derechos Humanos, y resulta contradictorio cuando la pena máxima por homicidio – que es un delito grave – es de 30 años.
A juicio del abogado , Venezuela tiene una “descodificación penal”, ya que el Gobierno toma cualquier acto o discurso que no le guste y lo convierte de forma inmediata en Ley de tipo penal. “Si ellos no quieren que se les reproche nada que hagan bien su trabajo”, sentenció.
Con información de Venezuela Al Día
