Tras finalizar la primera etapa de participación ciudadana del proceso constituyente que contempló los encuentros locales autoconvocados, la encuesta online, y la fase de educación cívica, el gobierno tiene presupuestado comenzar el próximo 23 de julio con los cabildos provinciales.
De esta manera se avanzaría a la segunda etapa de una de las iniciativas más importantes de la gestión de Michelle Bachelet, reforma que el gobierno ha calificado de «inédita».
Pero la puesta en marcha de este proceso no estuvo exenta de dificultades y cuestionamientos:
RETRASO EN INICIO DEL PROCESO
Las críticas comenzaron con el retraso en el inicio de la etapa de educación cívica y el nombramiento del Consejo Ciudadano de Observadores. «Siempre hemos dicho que íbamos a conducir este proceso con el máximo de serenidad y tranquilidad», decía el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, mientras la oposición criticaba el mes y medio de retraso que ya presentaba el proceso respecto a la agenda anunciada por la Presidenta.
Finalmente, el 2 de diciembre la Mandataria nombró a los 15 integrantes del Consejo de Observadores y más tarde se dio inicio a la campaña educativa.
FALTA DE REPRESENTATIVIDAD
La presentación de los convocados por la Mandataria para formar el consejo sin embargo, generó una serie de críticas que golpearon con fuerza en La Moneda y que obligaron a realizar ajustes de última hora. Esto, ya que los cuestionamientos al perfil de los personeros presentados no sólo provenían de las filas opositoras, sino que también del oficialismo.
En primer lugar, la escasa presencia de representantes vinculados a la UDI, colectividad desde donde provienen los cuestionamientos más duros al proceso de cambio a la Constitución, alertó el Ejecutivo. De esta manera, el ministro Nicolás Eyzaguirre reiteró la convocatoria al abogado constitucionalista, Arturo Fermandois, para que se sumara al Consejo. El jurista aceptó la invitación bajo la condición de que no se abstendría de manifestar sus opiniones públicamente, fueran éstas o no coincidentes con las del consejo.
Por otro lado, en La Moneda también notaron la molestia instalada en el Partido Socialista por la exclusión en el grupo de un representante de sus filas, por lo que se sumó al abogado Francisco Fernández al consejo.
UNA «NUEVA CONSTITUCIÓN»
El nombre de la página web constituyó la primera definición del Consejo de Observadores. En el encuentro, la solicitud de cambio de nombre del sitio original evidenció desde la primera cita las distintas visiones de los consejeros respecto del proceso constituyente promovido por el gobierno, ya que la web propuesta inicialmente y en la que se irán subiendo los contenidos de la discusión correspondía al dominio www.unanuevaconstitución.cl, adquirido por el Ministerio Secretaría General de Gobierno el pasado 31 de agosto.
Tras conocer el nombre del sitio web, los consejeros afines a la oposición manifestaron su incomodidad con que tanto el eslogan del proceso constituyente como el sitio web incluyeran la expresión «una nueva Constitución», debido a que ambos eran detractores de una reformulación total de la Carta Fundamental, por lo que sólo estaban dispuestos a abrirse a discutir algunas modificaciones al texto vigente desde 1980, aunque algunas de ellas sean sustantivas.
Luego de que otros personeros de sensibilidad más oficialista se sumaran a los reparos, el dominio oficial fue reemplazado por www.unaconstituciónparachile.cl, mientras que la frase que acompañaría la papelería y los elementos alusivos al proceso constituyente quedó consignada como «Una Constitución discutida en democracia».
DOCUREALITY
A días de que comenzaran los encuentros locales autoconvocados, se dio a conocer la preparación de un «docureality» por parte de La Moneda para incentivar la participación ciudadana en los cabildos. De acuerdo al documento de la licitación, el objetivo de aquella campaña comunicacional era «mostrar la forma en que diferentes ciudadanos de todas las regiones se involucran activamente en la etapa participativa del proceso constituyente», y su costo ascendería a los $75 millones.
Esto produjo duras críticas tanto de la oposición como del Consejo de Observadores, quienes afirmaron haberse enterado por la prensa de la existencia del producto comunicacional.
En este contexto, algunos integrantes de la instancia aseguraron que «el tema del docureality es un síntoma, un ejemplo, de lo que ha pasado en general en esta etapa» y afirmaron haber recibido poca información respecto a las campañas de difusión y promoción del proceso constituyente por parte del gobierno.
CNTV RECHAZA SPOT
Un mes más tarde, La Moneda debió enfrentar una nueva dificultad, esta vez generada por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV). La instancia rechazó por seis votos a favor y cinco en contra, la exposición de un nuevo spot que el gobierno había preparado para difundir el proceso constituyente. Se trataba de un video de 30 segundos que buscaba fomentar la participación individual a través de una animación digital, pieza elaborada por el Ministerio Secretaría general de Gobierno (Segegob).
Entre los argumentos para rechazar la iniciativa estuvieron que la cinta no calificaba como spot «de interés público», afirmando que el tema constitucional es un asunto de gobierno y no del Estado. En La Moneda se enteraron de la decisión del CNTV, y la definición fue «acatar» el fallo y buscar otras medidas para la difusión de la etapa de participación ciudadana.
BAJA PARTICIPACIÓN EN CABILDOS
A pesar del esfuerzo comunicacional del Ejecutivo, a mediados de mayo las cifras de participación ciudadana en los encuentros locales autoconvocados no eran las que se esperaban. Es por eso, junto al Consejo de Observadores el gobierno decidió bajar el quórum de personas que se necesitaban para convocar un cabildo local, de quince a diez.
Asimismo, redujo el número de días de anticipación con los cuales las personas debían contar para organizar un encuentro. Así, los ciudadanos pudieron organizar la actividad cinco días antes en lugar de diez, como estaba estipulado.
FALLA EN LA PLATAFORMA WEB
Sin duda uno de los hitos que más críticas ocasionó fue la falla que presentó la plataforma web que registraba las actas de los encuentros locales autoconvocados del proceso constituyente. Luego de que el Consejo de Observadores recibiera varios reclamos al respecto, solicitó al Ejecutivo solucionar el problema a la brevedad para garantizar «que las conclusiones de dicha participación sean consideradas y procesadas adecuadamente».
En este contexto, el ministro Marcelo Díaz expresó que «hemos discutido con el Consejo de Observadores la posibilidad de establecer algunas medidas o vías alternativas que nos permitan asegurar que los resultados de todos los encuentros locales sean considerados en el proceso porque esa es la voluntad de la Presidenta».
A pesar de que la misma Mandataria afirmó que el sitio web ya está funcionando con normalidad, el gobierno decidió extender el plazo para subir las actas y registrar las conclusiones de los cabildos hasta este domingo a medianoche.
Con Información de: la tercera
