La tormenta de sospechas de corrupción por la venta de la llamada garrafa social que se desató a principios de noviembre en el Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren generó una grave pelea entre dos de los llamados CEO de Maurico Macri.
El informe de la auditoría del ministerio de Energía señala que «hubo una asignación arbitraria del cupo de garrafas domiciliarias a determinadas empresas que producen Gas Líquido de Petroleo (GLP), que se beneficiaron con este sistema irregular dado que elevaron su nivel de ventas, así como también del ocultamiento de infracciones de normas de seguridad en instalaciones y cañoneo de expedientes de multas de forma discrecional».
Los funcionarios desplazados, que dependen del subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, ingresaron al Ministerio cuando Julio De Vido estaba a cargo de Planificación Federal.
La acusación que consta en el sumario elevado por la Dirección de sumarios del Ministerio de Energía señala que «esa estructura montada fue apañada por Popik, quien como mínimo dejó hacer». Esto se observó en los últimos meses, donde varias fraccionadoras privadas más chicas avanzaron sobre la porción de mercado que solía abastecer YPF Gas.
El problema enfrenta al secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, un ex vicepresidente de Pan American Energy (PAE) con el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, ex Gerente de Planificación de Axion Energy.
Sureda acusó a Popic, a principios de noviembre, de proteger a funcionarios técnicos y administrativos del Ministerio de Energía por supuestos cobros de sobornos provenientes de empresas productoras de GLP que habrían recibido permisos especiales para vender la llamada garrafa social en el mercado.
Por lo que pudo saber Infobae por el momento hay 6 funcionarios que dependen de Popik que han sido suspendidos y con sumarios abiertos hasta que se esclarezcan los hechos.
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