La Fiscalía de Estados Unidos está negociando un acuerdo de culpabilidad con Ismael El Mayo Zambada. La dependencia ha enviado este martes un escrito al juez que lleva el caso, Brian Cogan, en el que solicita aplazar la cita de la audiencia, que estaba prevista para el 22 de abril, hasta el 16 de junio. En el documento, el fiscal especial John Durham reconoce que están debatiendo “una potencial resolución para acortar el juicio” después de intercambiar “ciertos materiales de evidencia”. Aun así, apunta el escrito, sigue pendiente la evaluación del Gobierno de la posible pena de muerte para uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa.
El oficio enviado hoy al juez Cogan, el mismo que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua, es un balón de oxígeno para El Mayo Zambada. La principal preocupación del capo, de 77 años, es evitar la pena de muerte. “Él sabe que va a pasar el resto de sus días en prisión, lo que no quiere es que lo maten”, contó a EL PAÍS su asesor legal Juan Manuel Delgado. El que fuera el criminal más buscado por Estados Unidos siempre ha acusado que fue engañado por Joaquín Guzmán López, su ahijado e hijo de su antiguo aliado, quien en julio lo secuestró, lo montó con él en un avión y lo entregó contra su voluntad a las autoridades estadounidenses. Esta operación de película, que se saldó con el asesinato de Héctor Cuén, exrector de la Universidad de Sinaloa, y que salpicó al gobernador morenista Rubén Rocha, desató la guerra fratricida, entre Los Chapitos y La Mayiza, que ahora desangra a Sinaloa.
“Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, escribió en febrero Zambada, en un documento que entregó al consulado de México en Nueva York y en el que solicitaba su repatriación. El narcotraficante pedía a las autoridades mexicanas que intervinieran para frenar su proceso judicial en la corte de Brooklyn, puesto que su juicio iba a suponer “un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera, de manera impune, violentar el territorio y la soberanía de México”.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo entonces que se iba a analizar la solicitud del Mayo, aunque eso fue antes de que el Gobierno mexicano entregara a 29 capos del narcotráfico para que fueran juzgados en Estados Unidos. Entre ellos, Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, quien está detrás del asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena y para quien la Fiscalía está evaluando pedir también la pena de muerte. Si estos capos hubieran sido extraditados con el procedimiento regular, no podrían afrontar la pena capital, puesto que es una de las condiciones que regula el proceso de extradición. Sin embargo, para estas nuevas circunstancias no hay nada escrito.
