El portavoz de la Oficina Federal de Justicia en Berna informó que el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan solicitaron pruebas documentales de diez cuentas bancarias, en tres establecimientos de Ginebra, y uno de Lugano.
Sus beneficiarios serían, además de Lázaro Báez, sus cuatro hijos (Leandro, Luciana, Martín y Melina), dos de sus colaboradores, y Helvetic Services Group, la financiera domiciliada en Lugano, «gerenciada» por el fiduciario italo-argentino residente en Suiza, Néstor Marcelo Ramos, según el exhorto al que accedió la agencia internacional.
Los funcionarios judiciales requieren colaboración para «completar acabadamente el circuito de lavado de dinero ilícito de Lázaro Antonio Báez», ya que según consideran, el dinero detectado en Suiza provendría del fraude fiscal.
El exhorto agrega que una parte «fue reingresado y blanqueado en Argentina» por la «activa intervención» de Helvetic Services Group» y de Néstor Marcelo Ramos, mediante la adquisición en la Confederación Suiza, a través del Banco J. Safra Sarasin, de títulos de la deuda pública argentina», por $ 32.800.000 que fueron luego liquidados «en las cuentas bancarias» en Argentina de «Austral Construcciones SA», la principal empresa de Lázaro Báez.
LEA TAMBIÉN: Docentes argentinos reclaman al gobierno mejoras en la educación
El documento señala además que la sospecha sobre el origen de esos fondos» radica en «la actividad económica» de Báez, la construcción, «a consecuencia y/o con estrecha relación de sus conocidos vínculos (personales y comerciales)» con los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, «y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a los largos de los mandatos de ambos», para dejar de ser un empleado bancario y convertirse «en un empresario contratista del Estado».
Por estos hechos, Suiza abrió una investigación penal en 2013. Detectó u$s 22 millones depositados en los bancos de Ginebra Lombard Odier y J. Safra Sarasin por «sociedades emparentadas con la familia Báez», pero archivó el caso en 2014 al no poder «determinar si los fondos eran de origen corruptivo». Ahora, desde Argentina se piden «copias certificadas» de «los testimonios de los representantes legales» de esos dos bancos, recabados entonces por la fiscalía suiza.
El pasado 8 de junio, Casanello y Marijuan, se reunieron en Berna con funcionarios suizos para concertar la ayuda judicial. El exhorto que acaba de formalizar Argentina sería el primer paso acordado con Suiza. Debería seguir el pedido de extradición de Ramos, por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, con base en la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por los dos países.
Con información de ámbito.com
