El gobierno de Israel declaró que esperará la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no se pronunciará sobre la recomendación de excluir a Hamás de lista europea de organizaciones terroristas hecha por la abogada general de esa corte, Eleanor Sharpston.
«Esperamos ver el informe (de la abogada general) y lo estudiaremos. Se trata únicamente de una opinión que no compromete al Tribunal. Esperaremos a ver el fallo del Tribunal», manifestó en un comunicado el Ministerio de Exteriores israelí.
Agregó que Israel está convencido de que la Unión Europea «hará todo lo necesario para mantener a Hamás, una organización terrorista activa, en su lista de (grupos) terroristas».
La reacción de Israel se produce horas después de que Sharpston ratificase hoy mismo una decisión previa del Tribunal General y recomendase que el movimiento islamista palestino sea excluido de la lista «por motivos de procedimiento».
Según las conclusiones que presentó hoy en Luxemburgo, la abogada opina que el Tribunal de Justicia debe anular también las medidas que mantienen en dicha lista a la guerrilla de los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE).
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Ambas organizaciones impugnaron su mantenimiento en esa relación, que incluye a personas, grupos o entidades cuyos fondos son congelados por la UE por ser sospechosos de actividades terroristas.
En diciembre de 2014, el Tribunal General de la UE anuló «por razones de procedimiento» las medidas que situaban a Hamás en la lista europea de organizaciones terroristas, y en una sentencia aparte falló lo mismo para los LTTE, unas decisiones que fueron recurridas por el Consejo de la Unión.
Para el Tribunal General, la inclusión de Hamás y los LTTE en la lista «no se basaba en actos que hubieran sido examinados y constatados en decisiones de las autoridades competentes», sino en «imputaciones fácticas» basadas en la prensa e internet.
En sus conclusiones de hoy, la abogada general indicó que el Consejo tiene la obligación de cerciorarse de que los hechos e indicios en que se basó la decisión inicial «continúan justificando su apreciación de que la persona o entidad afectada presenta un riesgo de terrorismo» y de que, en consecuencia, «la adopción de medidas restrictivas sigue estando justificada».
Con información de EFE
