Después de proclamarlo verbalmente varias veces, el Gobierno acaba de enviarle una señal concreta al mundo empresario que vive de la obra pública: al momento de definir el futuro de cualquier contrato, pesa más la conveniencia del Estado que las relaciones familiares o la capacidad de lobby.
Ese punto le quedó especialmente claro a Ángelo Calcaterra, dueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, que acaba de perder por una decisión oficial uno de los negocios que había heredado del kirchnerismo.
El directorio de Enarsa estuvo ayer reunido casi toda la tarde. Entre otras cosas, aprobó la rescisión de los contratos entre esa empresa estatal y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la española Isolux y la local Iecsa para la finalización de las centrales termoeléctricas Brigadier López, en San Lorenzo (Santa Fe) y Ensenada Barragán, en Ensenada (provincia de Buenos Aires).
El presidente de Enarsa, Hugo Balboa, negoció las condiciones de la rescisión cara a cara con el primo de Macri y sus colaboradores por orden del ministro de Energía, Juan José Aranguren , y el propio Presidente. El Estado quería correr al consorcio del medio debido a que reclamaba una deuda millonaria que la actual gestión de la empresa estatal no estaba dispuesta a pagar. En el medio, se pararon las obras para la finalización de ambas centrales.
“Considero que es mejor un buen acuerdo que un mal juicio. Si esto terminaba en un litigio, iba a durar tres años, los abogados nos iban a costar lo mismo que estamos pagando hoy y la obra no se iba a poder terminar”, explicó Balboa a LA NACION. Y aclaró: “Nunca hablé con el Presidente por este tema. Al único que informaba sobre el avance de la negociación era a Aranguren”.
Calcaterra estuvo anteayer en la Casa Rosada. Si bien algunas fuentes confirmaron que se reunió con su primo, el Presidente, otras señalaron que se juntó con su amigo personal José Torello, jefe de asesores presidenciales. “Es un tema delicado, porque es el primo del Presidente y pidió una cifra que el Gobierno no puede convalidar”, señaló una fuente de la Presidencia en estricta reserva a LA NACION.
La ruptura del convenio se produjo luego de una larga negociación entre Enarsa y la UTE, porque nunca se llegó a un acuerdo de redeterminacion de precios en función de la inflación y de los índices de actualización que todavía tiene el Estado y que no representarían el valor real de la construcción por estos días, según la mirada de la UTE.
Con información de La Nación
