La inteligencia militar rusa podría haber logrado penetrar más en el sistema electoral estadounidense de lo que se pensaba, según el documento de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) filtrado a The Intercept, que informa que hubo más de un centenar de intentos de penetración de los cibermilitares rusos.
El documento filtrado anónimamente, aunque la presunta autora fue identificada ayer por el Departamento de Justicia como Reality L. Winner, de 25 años, tras su detención el pasado fin de semana, alerta del ciberataque a uno de los proveedores de software del sistema de voto estadounidense.
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Acusada de un delito de filtración de información clasificada de inteligencia a un medio de comunicación, la joven analista de la consultora Pluribus International facilitó supuestamente el documento, que supondría un desmentido a las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que negaba cualquier implicación.
De acuerdo con el citado documento clasificado como altamente secreto, el Departamento Central de Inteligencia ruso, más conocido como GRU, lanzó un ataque en agosto de 2016, «evidentemente para obtener información con el software electoral y las aplicaciones del hardware».
Añade que «los autores probablemente emplearon la información para acometer una campaña de «spear-phising» (operación centrada en un grupo u organización específica para la obtención de sus datos) dirigida a las entidades locales de registro electoral«.
Si bien el documento no determina si el ataque cibernético tuvo consecuencias en el resultado electoral, no duda de que fue el servicio de inteligencia militar ruso el responsable.
Según la versión de The Intercept, publicación digital especializada en la difusión de información altamente sensible, al recabar la versión de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) les pidieron que no publicaran el documento.
Al constatar que sería difundido, añade la publicación digital, accedieron a la petición de eliminar algunos datos que fueron considerados al margen del interés de la opinión pública.
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Winner, que fue detenida en el estado de Georgia y acusada por un delito contra la seguridad nacional, tenía autorización para manejar información clasificada como «alto secreto».
Según la versión oficial, imprimió el pasado 9 de mayo información clasificada y la extrajo de las instalaciones donde podían manejarse para enviarlas a un medio de comunicación del que oficialmente no se ofrecieron detalles.
EFE
