El primer aniversario del gobierno de Joe Biden en EEUU deja un sabor agridulce en materia de inmigración. El mandatario prometió una reforma migratoria en el primer año y, a pesar de que lo intentó desde un principio y logró una victoria parcial en la Cámara de Representantes, en el Senado no contó con el respaldo que esperaba, ni siquiera con la totalidad de los votos de su partido.
El Político
A pesar de los tropiezos y las escasas posibilidades de una reforma a las leyes de inmigración en 2022 (las conversaciones permanecen estancadas en el Senado), la Casa Blanca insiste en vías legales.
Y si bien sabe que el apoyo legislativo será cada vez más escaso, los principales asesores del presidente y el liderazgo del Partido Demócrata en ambas cámaras barajan el alcance del Poder Ejecutivo para deshacer todo cuanto sea legalmente posible de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, reportó Univision.
Indocumentados pasan a ser «no ciudadanos» en EEUU
Pero la meta ahora no se centra en el cumplimiento de las promesas de campaña, sino en actuar de tal manera que, las demoras y contratiempos causados por la falta de apoyo bipartidista no afecten el resultado de las elecciones de noviembre y los demócratas no pierdan el control de ambas cámaras del Congreso.
El no cumplimiento de las promesas de campaña está pasando la factura al presidente. El índice de aprobación en el manejo de la inmigración pasó del 55% al 35% en este primer año; de acuerdo con las mediciones hechas por RealClearPolitics, dato que preocupa e inquieta a la Casa Blanca.
‘No ciudadanos’, no indocumentados en EEUU
Uno de los primeros cambios ordenados por Biden fue modificar el lenguaje utilizado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para referirse a los indocumentados, anuncio que fue aplaudido por la comunidad inmigrante.
Tras la toma de posesión, en un memorando firmado por el entonces secretario interino del DHS, David Pekoske, el funcionario ordenó una moratoria de deportaciones por 100 días para ciertos extranjeros que se encuentran indocumentados y tienen una orden de deportación, a quienes llamó “no ciudadanos”.
Durante el gobierno anterior los indocumentados eran llamados “extranjeros ilegales”. Y de acuerdo con las prioridades de deportación entre enero de 2017 y enero de 2021; eran considerados una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos y, por lo tanto, sujetos a ser deportados.
Los cambios
El nuevo término para referirse a los indocumentados trajo consigo una serie de instrucciones dirigidas a cumplir con la promesa; del presidente de tratar de una manera humana y digna a los extranjeros, y recuperar el debido proceso que se encontraba severamente dañado; por el gobierno anterior a golpe de órdenes ejecutivas y memorandos sin la autorización del Congreso.
La lista de cambios incluyó, entre otros, la eliminación del Programa Permanecer en México (MPP), devolver a los jueces de inmigración; la discrecionalidad para cerrar casos de deportación administrativamente, quitar a los agentes fronterizos; poderes extraordinarios para deportar de manera acelerada, fijar nuevas prioridades de deportación y cancelar redadas; en lugares sensibles tal como hospitales, iglesias, escuelas, guarderías, centros médicos, parques infantiles, manifestaciones y mítines.
El DHS también fijó límites a las detenciones de inmigrantes en tribunales de justicia cuando la gente se presenta por otros asuntos; y dio por concluidas las redadas en sitios de trabajo.
