Una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es la última carta que le queda al Partido de los Trabajadores (PT) para tratar de frenar el proceso de impugnación y destitución que avanza en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, luego de que el senado aprobara por amplia mayoría (59 votos contra 22) un informe que recomienda someterla a juicio político.
La maquinaria del impeachment, no obstante, podría adelantarse: los abogados demandantes -quienes argumentan que la mandataria cometió un crimen de responsabilidad fiscal al manipular las cuentas y esconder el déficit- presentaron ayer el libelo acusatorio, adelantándose al plazo de 48 horas que tenían y obligando a la defensa de Rousseff a hacer lo propio el viernes y no el lunes, como se esperaba.
Mientras el inicio del debate final en la cámara alta se preveía para el 29 de agosto, en el lado acusador esperan que ocurra entre los días 23 y 25. Con una victoria en esa sesión, Michel Temer dejaría de ser presidente interino y asumiría en pleno. El gobernante viajaría a Hangzhou, China, para la cumbre del G20 el 4 y 5 de septiembre con la totalidad de las atribuciones de un mandatario electo.
Para ello, la oposición a Rousseff asegura contar con 61 votos en la instancia final en el senado, siete más de los necesarios para destituir a la mandataria y poner fin a trece años de gobierno del PT y dos más de los conseguidos la madrugada de ayer.
De acuerdo con encuestas realizadas por los diarios Folha de Sao Paulo y O Globo, al menos 43 de los 81 senadores ya han manifestado su decisión de votar por la salida de la jefa de Estado. En contra, hasta ayer, se habían declarado sólo 18.
Agenda de reformas La premura con que Temer busca asegurar su mandato también tiene que ver con la necesidad de impulsar su agenda de reformas, que tiene por objetivo rescatar al país de la peor recesión de su historia, ante una contracción del PIB de 3,8% en 2015 y las expectativas de otra de más de 3% para este año.
Junto con un límite al gasto fiscal y una reforma en el sistema previsional, Planalto también busca poner un tope al gasto de los estados. Ayer, la cámara baja aprobó en general un proyecto para renegociar la deuda que éstos tienen con el gobierno central, pero dejó fuera indicaciones que congelaban el salario de los funcionarios públicos.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, manifestó que el proyecto es el primer paso para limitar los gastos fiscales y que la decisión del Legislativo no representa «una pérdida de fuerza del equipo económico. Lo importante es el ajuste fiscal de los estados y el techo para los gastos. El proceso sigue normalmente y eso es muy bueno».
Otras medidas que busca implementar el gobierno incluyen el establecimiento de una edad mínima de retiro y una flexibilización de las regulaciones del mercado laboral.
Para impulsarlas, el gobierno tendrá que hablar más fuerte que los miles de manifestantes que han salido a la calle durante los últimos días. Al menos once estados han registrado protestas contra Temer, solicitando ya sea el retorno de Rousseff o la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales.
El futuro de Rousseff Según Folha de Sao Paulo, la presidenta de Brasil estaría planeando pasar cerca de ocho meses fuera del país una vez que termine la votación de impugnación en su contra. Entre sus planes estaría pasar ese tiempo dentro de América Latina, en países como Uruguay o hasta Chile, desde donde volvería con frecuencia a visitar a sus dos nietos, quienes viven en Porto Alegre. Pese a ello, la suspendida mandataria no descarta hacer un viaje a Europa.
Sin embargo, sectores de su partido pretenden que, destituida o no, la ex guerrillera tenga un papel activo en la campaña de cara a las elecciones municipales en octubre.
La suspendida jefa de Estado almorzó ayer en el Palacio de Alvorada -donde reside desde abril- con los senadores que la apoyaron. En el caso de que lograra mantenerse en su cargo, ha dicho que convocará a nuevas elecciones presidenciales este año.
Con Información de: Diario Financiero
