El diario Granma ha publicado una nota sobre unas declaraciones del vicecanciller de Exteriores, Abelardo Moreno, ofrecidas en rueda de prensa tras la celebración de la segunda reunión informativa entre representantes de Washington y La Habana el pasado 28 de julio sobre reclamaciones de derechos de propiedad.
Cierto es que los diálogos sobre las compensaciones que deberá satisfacer el régimen castrista a EEUU por las expropiaciones producidas a partir de 1959 acaban de empezar. Y si bien, de momento, el régimen ha querido enturbiar esas negociaciones incorporando una presenta demanda por los efectos del llamado bloqueo, que convierten el escenario negociador en una compensación mutua entre los dos países, de lo que no cabe duda es que no será posible la pretendida normalización de las relaciones bilaterales, si no se atiende correctamente el pago de las expropiaciones de los derechos de propiedad existentes en 1959.
Varios son los motivos por los que se hace necesario estar alerta. El régimen quiere escudarse en que se trata de negociaciones de «elevada complejidad política, técnica y jurídica».
Falso. La complejidad es un instrumento que utiliza el régimen castrista para justificar lo injustificable. Hay un hecho objetivo: el pago de las expropiaciones está pendiente desde 1959 y salvo cuestiones actuariales, la solución está muy clara. Una transferencia de fondos por las confiscaciones cierra el problema tan complicado.
Hay que evitar enunciados que no sean correctos. El canciller Moreno dijo «que desde que fueron dispuestas las leyes de nacionalización con el triunfo de la Revolución, el Estado cubano siempre tuvo la voluntad de compensar a las personas jurídicas y naturales extranjeras».
Falso. Existen numerosas evidencias en las hemerotecas que confirman que la compensación monetaria nunca estuvo en la mente de los confiscadores revolucionarios. Además, todas las decisiones confiscatorias se tomaron en tiempo récord, no hubo convocatorias públicas, ni mesas de negociación. Fue una política de hechos consumados en tiempos de gran inestabilidad institucional. Los sucesos posteriores, provocados por el régimen con su continuo enfrentamiento con EEUU, se encargaron del resto. Nunca existió voluntad alguna de compensar.
Moreno señaló «que la isla caribeña logró acuerdos con Canadá y cinco países europeos por las propiedades nacionalizadas por el Estado cubano. Con Estados Unidos incluyó reformas para ejecutar esas compensaciones en plazos definidos, pero las acciones del Gobierno de ese país impidieron su realización».
Falso. EEUU nunca obstaculizó nada. Por otra parte, los acuerdos de compensación con Canadá o España fueron ridículos y tuvieron un alto componente político. En concreto, con España, en tiempos ya lejanos de Felipe González, algunas de las propiedades expropiadas a españoles, que aún conservaban un elevado valor casi 30 años después de los robos, se pagaron con contenedores de baratijas y artesanías de dudoso valor comercial, y en el mejor de los casos, los pagos que se realizaron con langosta fueron inaprovechables por las pésimas condiciones de envío. Los que firmaron para cobrar, quedaron muy insatisfechos. Además, una parte importante de los expropiados de origen español, los que se habían hecho cubanos, quedaron fuera de los pagos acordados.
Moreno comentó que en ese encuentro de Washington, realizado como continuidad del efectuado en Cuba en diciembre del 2015, las delegaciones intercambiaron información acerca del proceso de reclamación de los dos países, sobre todo las bases jurídicas y características del mismo. Lo cierto es que «aún no se ha decidido cómo serán las negociaciones sobre el asunto», lo que entra de lleno en la típica política castrista de ganar tiempo, como sea. Casi siempre con escasa voluntad por cumplir compromisos que no podrá eludir.
Lo más grave de todo es que no existe marco jurídico alguno para unas relaciones que deben ir dirigidas a resolver justas compensaciones por las agresiones a los derechos de propiedad. En todo caso, habría que situarse en el escenario de 1959 para poder realizar alguna valoración si quiera ajustada, y eso es imposible, porque además, el marco jurídico comunista es completamente ajeno al que existía entonces.
Moreno aseguró, además, el interés del régimen castrista por vincular la negociación por las expropiaciones con los presuntos efectos del «bloqueo» económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos. Es una grave afrenta para los expropiados que el régimen castrista quiera introducir negociaciones sobre el embargo, cuya viabilidad es ciertamente controvertida cuando Cuba puede comercial libremente con 192 países del mundo, en un asunto especialmente sensible como el robo de los derechos de propiedad que sigue pendiente desde 1959.
Una posición que, de ser cierta, no se debe aceptar por EEUU ya que ello dejaría sin contemplación a la cifra numerosa de cubanos que fueron expropiados y que nunca presentaron demanda alguna por miedo al régimen que, durante los 60, se empleó a fondo en chantajear a aquellos que se iban del país exigiendo firmas de negación de reclamos, por la vía de la imposición y el chantaje.
Es por ello, que cuanto antes se debería crear una Comisión de la Verdad sobre las expropiaciones del régimen castrista para que se restaure lo que jurídicamente procede a los que sufrieron daños en sus patrimonios.
Mientras tanto, todo será una pérdida de tiempo en la que se lanzarán cifras en una y otra dirección en un diálogo destinado, cómo no, a ganar tiempo en el que no se reconocerán las instituciones de cada uno de los países y la naturaleza objetiva de los reclamos cruzados. Tal vez los organismos internacionales de mediación deberían asumir un papel destacado en este proceso porque mucho me temo, que no se van a producir resultados positivos de esta negociación y una vez más, aquellos cubanos y extranjeros, que fueron confiscados en sus derechos de propiedad en 1959 seguirán viendo como la justicia no está con ellos.
Con información del Diario de Cuba
