Guido Gómez Mazara, abogado y procurador en 2001 en el gobierno de Hipólito Mejía, depositó formalmente ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) la documentación sobre el addendum firmado en febrero del año 2015 respecto de la construcción de la Autopista del Coral y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante la gestión de Gonzalo Castillo.
El Político
La oficina de Gómez Mazara resaltó que, según el expediente, el addendum provocó un incremento de 86% con relación al contrato original de la obra realizada por la constructora brasileña Odebrecht.
Sostuvo que depositó toda la documentación ahora porque se mantuvo “extraviada” con el interés de excluir a determinadas figuras de la vida nacional.
Para el abogado, profesor universitario y dirigente político, resultaba extraño que durante el proceso de Odebrecht el Ministerio Público nunca “encontró” una pieza crucial en toda la investigación porque la obra se disparó de 253 millones de dólares a 471 millones de dólares.
Para contextualizar, detalló que la esencia de la etapa acusatoria se fundamentó en sobornos distribuidos por la empresa constructora y admitidos en la fase de delación por el principal ejecutivo de la entidad brasileña en el país, Marco Vasconcelos Cruz, hechos por los que se le sentenció a siete años de cárcel.
Dijo que los alegatos empleados para no incorporar a la investigación el addendum de febrero del 2015 consistió en que estaba “desaparecido” de los archivos del MOPC, dejando excluído al ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo. Esto, circunscribió la responsabilidad de los imputados en la frase “están todos los que son” utilizada por el procurador general de la República.
Gómez Mazara manifestó que la realidad al “encontrar” el documento extraviado prueba claramente el carácter selectivo de la investigación y afán de proteger a funcionarios con una relación comprometedora con Odebrecht.
Planteó que el señor Vasconcelos Cruz admitió en la fase de delación que para el incremento del contrato de la Autopista del Coral pagó unos US$ 11 millones. «Resulta lógico que si el señor Gonzalo Castillo era el ministro al momento de la firma, el Ministerio Público debió investigarlo y conseguir toda la información de lugar para establecer los niveles de responsabilidad y/o su inocencia, en el marco de un proceso que estremeció las bases de la relación clase política y empresa brasileña en todo el continente».
Gómez Mazara reiteró que a su entender, el control político que ejerce el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre el Ministerio Público ha sido esencial en la estructuración de un régimen de complicidades de «medias verdades y silencios acomodados» que impiden una justa aplicación de la justicia.
