La Comisión Reguladora de Energía (CRE) del Gobierno de México consideró que la industria petrolera sabrá «portarse bien» ante la gradual liberalización de los precios de la gasolina que vivirá el país en el próximo año.
«Tenemos el compromiso por parte de la industria de portarse bien, y saben que tenemos facultades (de control) que no quieren que ejerzamos. Y eso es bueno porque es un efecto disuasivo de la autoridad sobre el actuar de los regulados», dijo en entrevista con Efe el comisionado presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer.
El Gobierno anunció esta semana que el 30 de marzo próximo iniciará una apertura gradual de los mercados de gasolinas y diésel a fin de permitir la libre fluctuación de precios en todo el país después de varias décadas en que fueron fijados por el Gobierno.
De esta manera, el 1 de enero de 2018 en toda la nación habrá precios libres de gasolina, y se pasará de un modelo de proveedor único, Petróleos Mexicanos (Pemex), a un esquema en el que varios jugadores llevarán combustibles a todo el país y competirán.
A partir del 1 de enero de 2017 y mientras se flexibiliza el precio en cada zona, la Secretaría de Hacienda establecerá precios regionales máximos y la CRE administrará un sistema de información para el monitoreo de precios al público, a fin de evitar abusos.
A pesar de que una liberalización del sector debería conllevar una bajada de precios, para el próximo año se espera un aumento pronunciado del costo de la gasolina para el consumidor.
De hecho, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo hoy en una entrevista con Televisa que en 2017 los precios subirían, «más o menos», entre un 15 % o 20 %.
«Los precios los vamos a saber con toda certeza la semana que entra, cuando la Secretaría de Hacienda establezca la fórmula que va a aplicar al país en la zona donde la CRE no liberalice», matizó García Alocer, que no se atrevió a especular.
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En las zonas donde gradualmente se vaya dando la apertura en el mercado de precios, «la fórmula de Hacienda dejará de operar, y la oferta y demanda determinarán el precio».
Será en este contexto, en el que la industria tiene el compromiso de «portarse bien» y así no tenerse que enfrentar a la capacidad reguladora del Estado.
«Si nosotros detectamos que el precio no se justifica, podemos pedir a la Secretaría de Hacienda que regrese a la fórmula. Y esto nadie lo quiere, porque cuando el Gobierno establece una fórmula generalmente hace supuestos, y no es tan bueno como un mercado», apuntó.
Sobre los precios de Hacienda, el titular de la CRE dijo que serán «regionales», por los que habrá diferencias de precios entre aquellos sitios que, por ejemplo, estén «muy alejados o muy pegaditos» a refinerías y centros de distribución.
Asimismo, aseguró que desde su comisión se dará un seguimiento puntual a los precios del combustible, visitando a través de la Procuraduría Federal Consumidor (Profeco) más o menos 7.000 gasolineras de las 11.400 que hay actualmente en el país.
Los primeros estados donde se liberarán los precios a partir del 30 de marzo serán Baja California y Sonora, fronterizos con Estados Unidos, seguidos por Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio, en Durango, el 15 de junio.
El 30 de octubre tocará el turno de resto de Durango, Baja California Sur y Sinaloa, y un mes después la liberalización de los precios llegará a 20 entidades del centro y sur del país.
La última etapa se cumplirá el 30 de diciembre de 2017 en los estados de la península de Yucatán, en el sureste de México.
Este proceso, que se enmarca dentro de la reforma energética impulsada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, conllevará inversiones por valor de unos 16.000 millones de dólares, calculó el titular de la CRE.
«Es una inversión en tanques, trenes, ductos que deben sumar unos 4.000 millones de dólares», y es que actualmente la iniciativa privada ya está trabajando en cuatro ductos, en una etapa «muy avanzada» de planificación, y hay una decena de almacenes programados por construir, enumeró.
«Tenemos siete marcas operando en México que van a tener suministro alterno al de Pemex a través de estos proyectos de infraestructura» que despiertan «mucho interés», aseguró.
A estos 4.000 millones de dólares se les suman unos 12.000 millones de dólares adicionales, fruto de duplicar la cifra de estaciones de servicio en la nación latinoamericana, con un número muy bajo de gasolineras por habitante, concluyó.
Con información de EFE
