El ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, justificó el decreto de «amnistía fiscal» parcial de 2012, que fue declarado inconstitucional, por la situación financiera «límite» que vivía España en aquel momento.
En declaraciones a la prensa, aseguró que no se siente desautorizado, aunque sí «concernido», por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de España sobre esa norma.
«La amnistía fiscal es una de esas decisiones de gobierno que a ninguno nos gusta tomar», dijo Montoro, pero «la vida es como y la responsabilidad de estar en el Gobierno implica tomar decisiones que no te gustan», añadió sin entrar en el fondo de la sentencia.
Subrayó la situación «extrema» que vivía España aquel año, en alusión al alto nivel de déficit y los elevados intereses que tenía que pagar por la deuda pública.
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En este sentido, aseguró que la crisis tan «profunda» que padecía el país entonces «podía haber perjudicado la existencia misma de la zona euro».
En esta línea, Montoro recordó que el Gobierno español también se vio obligado entonces a subir impuestos, una decisión que luego se revirtió.
El Gobierno conservador del Partido Popular (PP) aprobó en 2012 un decreto ley que permitía la posibilidad de declarar rentas ocultas a Hacienda con la única tributación del 10 %, sin que se impusieran sanciones, intereses ni recargos.
Esto suscitó una avalancha de críticas de la oposición, aunque Montoro, que ya era ministro de Hacienda en 2012, negó siempre que se tratara de una «amnistía fiscal».
A ella se acogieron, entre otros, empresarios y antiguos responsables políticos con grandes fortunas, algunos de los cuales están siendo ahora investigados judicialmente en España por casos de corrupción.
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Entre ellos figuran el exministro español de Economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato y el extesorero del PP Luis Bárcenas.
En la sentencia, conocida el jueves pasado, el TC dictaminó que la norma no se ajustaba a Derecho porque la materia que regula no puede ser fijada mediante un decreto ley -que aprueba el Consejo de Ministros y luego debe confirmar el Parlamento-, pues es una cuestión de rango constitucional.
El TC, que estimó un recurso del Partido Socialista Obrero Español (el principal de la oposición parlamentaria), reprochó, además, que se legitimara «como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica».
Fuente: EFE
