Uno de los problemas que Pedro Sánchez ha heredado de su antecesor es la gestión de las cada vez más numerosas solicitudes de asilo político en España, especialmente de ciudadanos venezolanos, que por tercer año consecutivo figuran como la primera nacionalidad en cuanto a peticiones de protección internacional en nuestro país, por delante de los sirios.
En 2016, se registraron 4.196 de esas instancias; en 2017 se elevaron a 10.325 y -según datos de la base estadística europea Eurostat- hasta agosto incluido de 2018 hay que añadir 12.845 más. Los procedimientos administrativos no avanzan y prueba de ello es que para esa misma fecha constan 25.340 expedientes a la espera de resolver, de acuerdo con la información facilitada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), y la cifra cobra mayor gravedad cuando se sabe que en los seis primeros meses del año solo se han concedido tres reconocimientos como refugiados a ciudadanos venezolanos. Una política de acogida a cuentagotas que depara un futuro desolador para esa población.
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El Defensor del Pueblo ha llamado la atención al Ministerio del Interior esta semana por el atasco, pero antes lo hizo el PP, que ha denunciado la situación en una Proposición No de Ley que se debatirá en el Congreso en breve. «Somos muy conscientes de que el asilo necesita muchas comprobaciones y el procedimiento es muy complicado, pero que nadie se lleve a engaño: Pedro Sánchez es prisionero de Podemos, y es sabido que Podemos no apoyará nada que favorezca a los venezolanos en España, muchos de ellos opositores o que han tenido que salir huyendo del régimen». Lo explica José Ramón García, portavoz de Asuntos Exteriores de los populares en el Congreso, que mostró gran preocupación por el hecho de que el Ejecutivo del PSOE «llegara diciendo que estarían más cerca de Felipe González y estamos viendo que cada vez lo están más de José Luis Rodríguez Zapatero.
Obstáculos
Con el cambio de Gobierno llegaron también los cambios en las instituciones del Estado. Ya a principio de junio, las autoridades cancelaron el número 060 para hacer las citas por vía telefónica y lo exigen de forma presencial, así como también la medida obligatoria de retirar el pasaporte al solicitante que dejó de ser un requisito porque «no daban abasto con la cantidad de documentos». Máchelin Diáz, abogada especializada en asilo político dijo a ABC que es «alarmante e irresponsable que el Gobierno español no retire el pasaporte porque las personas no son conscientes del peligro que corren saliendo del país porque aún no han asimilado su situación».
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Pero la fecha que realmente marcó la pauta para endurecer el trámite de concesión de la tarjeta roja fue el pasado 3 de septiembre. Los funcionarios dejaron de escribir las declaraciones y piden que hagas un escrito para incorporarlo al expediente. «Hubo una señora, madre de dos activistas políticos venezolanos, que la mandaron a callar para decirle que si seguía hablando de sus hijos no iban a tomar su testimonio, que tenía que contar los hechos que le pasaron a ella personalmente», explicó Díaz.
Intimidación
El proceso de protección internacional, que estuvo habilitado en todas las comisaría de la Comunidad de Madrid, ahora solo es competencia de la sede de Aluche y la Oficina de Asilo y Refugio en la calle Pradillo. «Hay entre 10 a 12 funcionarios atendiendo diariamente a una fila de 300 personas al día que quieren pedir cita», comenta a ABC Luis Redondo, presidente de la Asociación de Formación, Orientación y Ayuda al Refugiado y Emigrante (Foare).
Redondo también señala los abusos y la intimidación por parte de los funcionarios que piden los bolsos para requisarlos y llaman a los perros policías para que los huelan. A esto se le suma la presión de algunos trabajadores públicos que mientras escuchan los testimonios interrumpen con frases como «me estas mintiendo», «dime la verdad» o «no te voy a dar ninguna tarjeta roja si estos documentos son falsos».
El atasco de expedientes ha generado un récord histórico de peticiones de asilo en España, que afecta directamente a los demandantes quienes están actualmente esperando con cuatro meses de retraso la renovación de su documento.
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La solución que ha propuesto el Defensor del Pueblo es la concesión generalizada de un estatuto de protección temporal a los venezolanos que ya están en España, si bien CEAR subraya que ese gesto no excusaría el análisis personalizado de los expedientes, partiendo de la creencia de que muchos solicitantes tienen derecho a recibir la condición de refugiados.
Fuente: ABC.es
