La caída en la calificación de riesgo a la deuda costarricense por parte de la firma Moody’s, puso en alerta al Gobierno de Costa Rica, que una vez más ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Congreso aprueba reformas tributarias.
El Ministerio de Hacienda informó de que el jueves Moody’s rebajó la calificación de bonos del gobierno de Costa Rica de Ba1 a Ba2 y mantuvo la perspectiva negativa.
«La baja en la calificación de riesgo es sumamente preocupante, aunque no nos sorprende. Lo hemos venido advirtiendo de manera insistente ante la falta de decisión de la Asamblea Legislativa para avanzar en la modernización de los impuestos al valor agregado y sobre la renta», dijo en un comunicado el viceministro costarricense de Hacienda, Fernando Rodríguez.
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El Gobierno de Costa Rica impulsa en el Congreso una serie de reformas como la conversión del impuesto de ventas del 13 % en uno de valor agregado (IVA) que aumente la base de productos y servicios por gravar, así como cambios al impuestos sobre la renta, especialmente gravar con un 12 % las ganancias de capital.
Esta fue una nueva propuesta presentada por el Gobierno al Congreso a finales de enero pasado, luego de considerar inviables reformas más ambiciosas como la de crear un IVA del 15 %.
El Gobierno busca paliar el déficit fiscal que en 2016 cerró en el 5,2 % del producto interno bruto (PIB), cifra menor a la de 2015 cuando fue del 5,6 %.
Moody’s señaló el jueves que «los altos déficit fiscales son el resultado del aumento del gasto corriente, particularmente los salarios y las transferencias, ambos parte de políticas fiscales contracíclicas que estaban destinadas a enfrentar la crisis económica mundial de 2009».
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Desde entonces, «el gasto público ha seguido aumentando y probablemente llegará a 21 % del PIB este año, frente al 17,4 % de 2009» agregó Moody’s.
La firma calificadora reseñó que desde 2010 los Gobiernos de Costa Rica han intentado aprobar legislación para reducir el déficit, pero no han tenido éxito debido a «diferencias políticas en la Asamblea Legislativa».
El viceministro Rodríguez explicó que una baja en la calificación significa que «el país se vuelve más riesgoso para las inversionistas y que esto puede traer ajustes en el tipo de cambio y en las tasas de interés».
El Congreso aprobó el año pasado leyes fiscales como una que endurece controles y sanciones contra el fraude fiscal, que además crea un registro de acciones de las sociedades, otra que establece un impuesto a las sociedades anónimas y otra para castigar con más dureza el contrabando.
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Sin embargo, estas medidas son insuficientes para generar un impacto importante en el déficit.
El Gobierno ha alertado en numerosas ocasiones que debido al déficit el nivel de deuda del país ha venido creciendo a un punto «preocupante», pues se calcula que en 2016 cerrará en el 46 % del PIB y en un 50 % en 2017 si no se aprueban las reformas tributarias.
Recientemente la empresa Fitch Ratings también rebajó la calificación de la deuda a largo plazo de Costa Rica.
Con información de: EFE
