A través de una resolución que se publicará entre hoy y mañana, el Gobierno convocará a una audiencia pública para explicar las subas de los precios en generación eléctrica y gas en boca de pozo, que terminan impactando en las facturas. El anuncio fue realizado ayer por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Mientras la Corte Suprema de Justicia está estudiando la cuestión tarifaria en el gas, el Gobierno convocará a una audiencia pública para detallar cómo se decidieron los aumentos. Tendría lugar a fin de mes.
El costo de la generación eléctrica compone más de un 60% de las facturas de luz y el importe del gas en boca de pozo también representa casi un 60% de la boleta de ese servicio. Ambos serán abordados en una exposición que hará el Poder Ejecutivo.
La decisión de establecer los precios que se pagan por la generación eléctrica y el gas en boca de pozo corresponde al Poder Ejecutivo. El Gobierno no tiene obligación de hacerlos autorizar en una audiencia pública.
Sin embargo, hará una convocatoria a todos los sectores involucrados (empresas, asociaciones de consumidores, legisladores, sindicalistas) para que conozcan las razones que llevaron al ministerio de Energía a decidir esos incrementos. Lo hace en medio de la crisis desatada por el ajuste tarifario y la creciente judicialización del tema.
Según los plazos reglamentarios, el Gobierno tiene que esperar 20 días entre la convocatoria de la audiencia y su realización.
La audiencia pública será participativa y se celebraría cerca de fin de mes. “El objetivo es mostrarle a la sociedad que los aumentos están justificados, y que son la única forma de revertir una década de retroceso en el sector energético”, señalaron cerca del ministro Aranguren.
La idea nació el fin de semana en distintos estratos del Gobierno y ayer comenzó a ponerse en marcha. La convocatoria es amplia y puede participar todo aquel que se anote. Los funcionarios suponen que la Corte también estará mirando esta situación y que el gesto oficial de brindar más información puede provocar un efecto positivo en la decisión del máximo tribunal.
El aumento en las tarifas de gas está detenido desde hace más de un mes. Hubo un fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata que así lo dispuso.
El Gobierno lo apeló y ahora lo tiene la Corte Suprema. Debe validar si acepta que el Poder Ejecutivo establezca los precios del sector.
En la luz, los incrementos estuvieron vigentes hasta la semana pasada. El pasado jueves, una jueza de San Martín decidió que las subas no podían aplicarse.
Pero su cautelar solo alcanza a las distribuidoras que están bajo jurisdicción del Estado nacional. Son Edesur y Edenor, que operan en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. El Gobierno impugnó el fallo -porque no le dieron tres días para hacer conocer sus argumentos legales- y recusó a la jueza Isabel Martina Forns por “falta de imparcialidad”.
Las tarifas de distribución (las empresas que llevan luz/gas a los hogares) también pasarán por un proceso de audiencia pública, que será en octubre, en marco de la revisión tarifaria integral (RTI). En este caso, sí es una obligación, establecida en las leyes que regulan el funcionamiento de los servicios públicos.
Entre 2005 y 2015, la producción de gas cayó más de un 25%. Eso obligó al país a importar gas por miles de millones de dólares. Para recuperar la producción local, el Gobierno estableció en US$ 5 el precio del gas en boca de pozo. Es un número atractivo para las empresas del sector y que le permitiría al país ahorrar.
Cada vez que se importa, se pagan costos logísticos de transporte en dólares, que encarecen el gas que se trae.
Durante 2015, el Estado nacional subsidió las tarifas en $ 140.000 millones. Eso provocó mayor déficit fiscal y la consecuente inflación.
Las distribuidoras le compran el gas a las productoras. Y se lo trasladan a sus clientes, que pagan un precio diferente según la cantidad que consumen y características de sus hogares. Antes de fijar un tope de 400% a las facturas de 2016, el Gobierno calculaba que el nuevo cuadro tarifario del gas iba a permitir que las empresas paguen un 75% del costo de ese insumo. En la luz, aún con los aumentos, los clientes no pagarán ni un 35% del costo de generación: abonarán $ 320 por un Mwh que sale más de $ 1.000.
Con información de El Clarín
