Meses antes de la estatización de YPF, Julio De Vido viajó a Plaza Huincul, polo petrolero en el corazón de Neuquén, para inaugurar la planta de Refinería Neuquina SA (Renasa). El ex ministro recorrió las instalaciones y sonrió para el célebre corte de cinta. Por videoconferencia, la ex presidenta Cristina Kirchner festejó la «estratégica» nueva línea de producción de combustibles.
El gobierno había ayudado a la empresa con un subsidio de US$ 130 millones. Tamaña inversión, tiempo después, quedó en la nada: la empresa se declaró insolvente y ahora el gobierno de Mauricio Macri prepara una denuncia por posible fraude.
La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró una denuncia penal por presuntas irregularidades en el programa conocido como Refino Plus, que se desarrolló desde fines de 2008. Lo hizo en base a un duro informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que alertó por posibles anomalías en la entrega de incentivos millonarios de manera «discrecional» a la firma Más Energía, controlante de Renasa y de Petrolera Argentina SA.
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Así, en días en los que la oposición reclama interpelar al actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, y hayduros cuestionamientos por las tarifas, el Gobierno apuntará contra De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, el ex subsecretario del área Roberto Barata y otros cuatro ex funcionarios kirchneristas, y pedirá que sean investigados.
Refino Plus fue lanzado en noviembre de 2008, con el objetivo de incentivar la producción nacional de combustibles.
El gobierno kirchnerista le entregaba a las empresas créditos fiscales aplicables al pago de derechos de exportación de hidrocarburos. Es decir, pagarés que permitían a las refinerías deducir impuestos ante la Aduana. Los papeles eran, a su vez, «transferibles» en el mercado, o sea, factibles de ser convertidos en dinero.
Al programa adhirieron casi todas las grandes petroleras y otras refinerías más pequeñas. En el caso del grupo Más Energía, la OA indicó que Renasa y Petrolera Argentina SA (PASA) recibieron incentivos por un total de US$ 130 millones que «no debieron otorgarse o se otorgaron de manera irregular, en términos que implicaría la comisión de graves hipótesis delictivas».
Con información de La Nación
