Los gobernadores de los estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos demandaron hoy al Gobierno de Enrique Peña Nieto acciones inmediatas ante la amenaza de deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
«Ante la amenaza expresa de Trump sobre la deportación de millones de connacionales, demandamos que la federación tome acciones inmediatas», solicitaron los gobernadores en una reunión celebrada en Nuevo Laredo, en el noroccidental estado Tamaulipas, limítrofe con Texas (EE.UU.).
Los titulares de los gobiernos estatales de Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, que limitan con Estados Unidos, participaron en el encuentro coordinado por el de Morelos, Graco Ramírez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Ramírez señaló, en nombre de los convocados, que «ante los mensajes que Trump ha enviado al mundo y a México», se debe actuar de inmediato.
Destacó que la migración involucra no solo a los estados fronterizos sino a todo el país porque «la cultura de la migración está en el ADN de México y de Estados Unidos, y nadie puede negar hoy que la Unión Americana es una nación de migrantes».
Los gobernadores acordaron crear una alianza política para pedir la cooperación inmediata del Gobierno nacional sobre temas de migración, crimen organizado, seguridad, costos de energía eléctrica, combustibles y carestía de productos básicos.
Expresaron su rechazo a las «presiones y acciones directas» que Trump ha tomado contra inversores que han decidido «instalarse y permanecer en México», y acordaron la defensa del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte, que Trump exige renegociar.
Consideraron que Peña Nieto debe buscar con Estados Unidos una negociación integral en la que los gobernadores de estas entidades participen en todos los temas de la agenda.
Además, acordaron promover reuniones con los estados de la frontera sur de Estados Unidos con la finalidad de establecer «una agenda que fortalezca la franja (limítrofe) como región binacional».
En sus acuerdos reclamaron que se mantengan las partidas en seguridad, el aumento del fondo del migrante y el establecimiento de un «fondo de fronteridad» que cubra los «costos inherentes» a los migrantes en tránsito y los que son repatriados.
Expresaron por último su solidaridad con los gobiernos de Baja California y de Sonora para que se cumplan los acuerdos de atención integral de extranjeros intercontinentales (cubanos y centroamericanos) y un cambio en las políticas públicas del actual enfoque de seguridad nacional a uno con «acento en seguridad humana».
Con información de: EFE
