El viernes 28 de abril, días antes de comenzar la recorrida anual por las cárceles de Uruguay, los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fueron muy claros con los jueces y funcionarios del Poder Judicial que trabajan en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP): la norma se debe aplicar a partir del 16 de julio, tal como fue pactado por el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
Con la misma firmeza declaró este viernes ante la prensa el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que está previsto aplazar la aplicación del CPP para noviembre, algo que ya había dicho ante legisladores en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado hace casi dos semanas.
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En esa oportunidad Díaz habló de la necesidad de que la nueva norma se aplique sin inconvenientes y dijo: «Si para ello es necesario trabajar dos o tres meses más, no tengo ningún problema en hacerlo porque queremos que esto funcione y funcione bien».
La diferencia entre ambos organismos viene desde que la Comisión Interinstitucional para el nuevo CPP elaboró un anteproyecto de ley con modificaciones a la normativa, que fue aprobada a fines de 2014. Esa comisión está integrada por el Poder Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y el Poder Legislativo. La Justicia solamente aprobó modificar «unos siete u ocho artículos» vinculados a aspectos administrativos, según dijo a El Observador el ministro de la Suprema Corte Ricardo Pérez Manrique. «No concebimos una reforma de gran envergadura. No son viables (para el CPP) reformas legislativas grandes», afirmó el magistrado.
En el Poder Judicial –tanto la Corte como los funcionarios que trabajan en el tema– no están de acuerdo con que se aplace tres meses y medio la puesta en marcha del CPP. Desde la Corte consideran que están dadas las condiciones para que la nueva norma empiece a funcionar el 16 de julio y no el 1º de noviembre, como está planteado en el proyecto de ley redactado por esa comisión interinstitucional que se encuentra en la órbita de Presidencia.
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