El Ministerio Público de Panamá aseguró hoy que hubo desvío de dinero del Estado para financiar la compra de tres medios privados en 2010, en una «maniobra económica» que utilizó a siete bancos locales y cinco de Suiza, China y EE.UU.
La fiscal General de Panamá, Kenia Porcell, dijo en rueda de prensa que la investigación del caso denominado «New Business» tiene avances significativos en su primera fase, en la que se identificaron 18 personas involucradas, entre naturales y jurídicas.
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Porcell explicó que la investigación tiene su fundamento en una denuncia que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) hizo llegar al Ministerio Público (MP) sobre la presunta comisión de blanqueo de capitales en la compra de la Editora Panamá América, S.A. (EPASA), que se firmó en 2010 por más de 30 millones de dólares, según medios locales.
Porcell destacó hoy que en la investigación de la actividad ilícita, el MP ha obtenido información bancaria que de manera «clara y precisa» detalla el uso de una cuenta bancaria «offshore» para recibir y agrupar dinero cuya procedencia estaba relacionada con actividades vinculadas al delito contra la administración pública.
Todo ello, añadió, para disimular el presunto origen ilícito del dinero con el que fueron adquiridas las empresas, entre ellas, medios de comunicación del grupo editorial EPASA.
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Detalló que se tiene el «rastro financiero» de al menos un total de 18 transacciones realizadas en febrero de 2010 por más de 39 millones de dólares para la compra del grupo editorial.
Se identificó dinero del Estado que se ingresaba, de manera inusual, al sistema financiero, para luego distribuirlo entre otras personas naturales y jurídicas que finalmente se agruparon para integrar el dinero de la compra de esas empresas», dijo.
Porcell aseguró que parte de 22 millones de dólares que se pagaron como adelanto a una empresa que realizó los trabajos de ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fueron desviados para la compra de EPASA.
La funcionaria reiteró hoy que esta investigación «no está dirigida contra la labor informativa de ningún medio de comunicación ni línea editorial», y que el MP «no ha secuestrado ni allanado las instalaciones de este grupo empresarial, y tampoco pretende cerrar la empresa».
Con información de EFE
