La Fiscalía de Colombia rechazó de manera contundente los decretos del presidente Gustavo Petro, bajo los cuales se suspendió la acción de la fuerza pública contra algunos criminales.
El Político
El fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, comparó la decisión de Petro «como el equivalente a firmar un “cese bilateral” de hostilidades contra Pablo Escobar o el Cartel de Cali».
“Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones narcotraficantes, es como hacer un cese bilateral con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. En ese orden de ideas nosotros lo que tenemos que decir es que estos decretos tienen que ser revisados desde lo que implica para la operatividad del país.”
Barbosa, quien se encuentra en Washington, fue entrevistado por el corresponsal de El Tiempo, Sergio Gómez Maseri, y agregó que los «Estados Unidos comparten dicha preocupación.»
“Hay una preocupación sobre ceses de hostilidades con narcotraficantes porque es una figura inédita dentro del derecho internacional y dentro del derecho de los derechos humanos, y es necesario que eso se entienda de la mejor manera».
Para el fiscal Barboza, el decreto lo que produce, es «la desarticulación de la política de la persecución policial en Colombia”.
Reunión en Nariño
En la agenda del Fiscal, está inserta una reunión con el presidente Petro, y este tema es uno de los principales a discutir.
«Cuando se habla de lucha contra el narcotráfico no es un asunto que le competa solo al Ejecutivo, también a la Fiscalía por cuenta de la persecución criminal que hacemos y porque hoy existe el código penal y esas conductas son criminalizadas en Colombia.”
Barbosa dijo no conocer el proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia que el Gobierno prepara para presentar al Congreso y en el que debe quedar definido el marco jurídico que gobernará la posible desmovilización de estos grupos criminales.
Pero fue enfático en que debe tener unos límites mínimos. Entre ellos, que estas personas paguen sus penas en cárceles, entreguen sus bienes para reparar a las víctimas, que exista verdad, justicia y reparación, garantías de no repetición, ilegibilidad política y ningún compromiso de que no serán extraditados.
“Una cosa es un proceso de paz y otra cosa es un sometimiento a la justicia. Algo que el mismo Petro planteó cuando era representante a la Cámara en el 2006”, puntualizó Barboza.
Preocupación en EEUU
En términos generales, Barbosa sostuvo que Estados Unidos está “muy preocupado” por la falta de resultados en la lucha contra las drogas y la posibilidad de que Colombia termine no extraditando a delincuentes que actualmente tiene deudas con la justicia de ese país.
“Hay un apoyo indeclinable del Departamento de Justicia de Estados Unidos en cada uno de los propósitos que tenemos. El objetivo es tratar de recomponer el país en una serie de tema que pueden haber fallado como se ha visto este mes, pero es importante que esto sea parte de la discusión que voy a tener con el Presidente de la República para equilibrar lo que está ocurriendo para que todos podamos vivir bajo las ideas de un Gobierno que ganó (las elecciones), pero también bajo el estado de derecho.”
Barbosa sostuvo que Estados Unidos está “muy preocupado” por la falta de resultados en la lucha contra las drogas.
Barbosa confirmó, que entre la lista de 16 personas que le envió el gobierno con el objetivo de suspender sus órdenes de captura hay 5 que tiene pedidos de extradición vigente, cuatro de ellos de Estados Unidos y uno de otro país.
De acuerdo con Barbosa, Washington respalda la decisión que tomó de no levantar esas órdenes.
Y el ELN?
“Como lo he dicho públicamente acompañamos el proyecto de paz total y de levantar órdenes de captura como lo hicimos con el ELN, con lo que colaboramos».
«Pero cuando hay órdenes de captura con fines de extracción como en este caso no tenemos un marco jurídico ni constitucional para hacerlo.”
De acuerdo con el Fiscal, también revisaron con las contrapartes estadounidenses las cifras recientes en la lucha contra el narcotráfico que, de acuerdo con el funcionario, son lamentables.
Según el Fiscal, de 25 a 30 toneladas de coca que se incautaban mensualmente se ha disminuido a 3 en lo que va de enero de este año. Y algo similar está pasando con la destrucción de laboratorios para su procesamiento, que van 5 en este 2023, pero el promedio antes era de 250 a 300..
De acuerdo con el funcionario hay preocupación por la “parálisis de la Policía Nacional”. Algo que atribuye a los dos decretos que firmó el gobierno el año pasado para suspender las operaciones policivas y militares en el territorio nacional frente a ciertos actores “en este caso grupos de narcotraficantes y violadores de derechos humanos”.
