Las autoridades cubanas echaron mano al Decreto de Ley No. 149/1994″, vigente desde la década de 1990 para sancionar a personas por el delito de «enriquecimiento ilícito». La norma ha sido aplicada a la consultoría independiente Cubalex.
La Fiscalía cubana inició el pasado 23 de septiembre una investigación fiscal de carácter administrativo en la sede de Cubalex, que incluyó la confiscación de la sede de la organización y las herramientas de trabajo, dijo el grupo en un comunicado.
Cubalex es una ONG sin fines de lucro, no reconocida por el Estado cubano. Ofrece asesoría legal gratuita, en materia de legalización de vivienda, trámites migratorios, hereditarios, laborales, procesos de revisión penal, procedimientos constitucionales y la defensa de los derechos civiles y políticos.
«Se pretende desarticular la organización, en virtud del Decreto de Ley No. 149/1994», denunció el texto, aludiendo a una norma adoptada por el Consejo de Estado en la década de los 90 en pleno período especial, y es conocido entre los cubanos como la “Ley contra los macetas”.
La directora de Cubalex, la abogada Laritza Diversent, ha venido denunciando el hostigamiento contra la organización disidente.
A comienzos de octubre, Diversent adelantó que tanto el operativo para desmantelar la sede, en el barrio El Calvario, como una eventual acusación de enriquecimiento ilícito en contra de sus miembros, podía ser la respuesta a un «Informe sobre la situación de la libertad de expresión y opinión en Cuba” que ella presentó a mediados de agosto al Relator Especial sobre ese tema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Decreto «contra los macetas» establece medidas ejemplarizantes contra quienes roban, especulan y desvían recursos del Estado, realizan actividades de mercado negro y otras formas de enriquecimiento que lesionan los intereses sociales, comentó el texto.
«La Fiscalía pretende utilizar el interés social para criminalizar nuestras actividades en defensa de los derechos humanos. Ese fue el argumento que utilizó la Ministra de Justicia, María Esther Reus, para negar la legalización y registro de Cubalex, el pasado 31 de septiembre», agregó.
La funcionaria del Estado cubano expresó que «nuestros objetivos atentan contra la existencia y fines del Estado Socialista, actos que sanciona la Ley No. 88/99, “Ley Mordaza”».
El precio por defender los DDHH en Cuba
Cubalex es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro y de acción social.
«Defendemos y promovemos los Derechos Humanos. Un tema politizado por el Estado cubano y por el que nos califica como un grupúsculo de mercenarios que reciben fondos de organizaciones radicadas en los Estados Unidos. Argumento válido a las autoridades para justificar la ilicitud de nuestras actividades en virtud de la Ley Mordaza», explicó el comunicado.
La nota dijo que las autoridades han mostrado a miembros de la organización documentos financieros del grupo, «obtenidos de manera subrepticia, manipulados, y publicados en páginas web afines al gobierno, que desacreditan nuestro trabajo».
Los interrogadores han preguntado a los miembros de Cubalex «cómo llegaron a la organización, cuáles son sus funciones dentro de la misma, cuanto cobraban y si conocen de donde salía el dinero, si sabían que no podíamos funcionar como organización sin estar legalizados».
«Estas preguntas demuestran que intentan buscar normas penales para criminalizar nuestras actividades. La información obtenida puede ser utilizada por los funcionarios actuantes como elementos de prueba en un proceso penal, que han advertido se abrirá, cuando concluya la investigación administrativa», agregó la nota.
La organización instó al gobierno cubano a «que se abstenga de hostigar a las personas atendidas por nuestra oficina, a los miembros de nuestro equipo, y criminalizar nuestras actividades».
«A la vez, pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie contra estos actos de acoso y posibles represalias.
Con información de Martí Noticias
