El nuevo marco diplomático entre la Unión Europea y Cuba, firmado en diciembre, avanza hacia su entrada en vigor, tras superar un primer trámite en la Eurocámara días después que el presidente estadounidense, Donald Trump, frenara la política de deshielo.
Ahora que Trump quiere volver a aislar a Cuba, es necesario que la UE aproveche esta oportunidad para estar más cerca de la isla», dijo la ponente parlamentaria del acuerdo, la eurodiputada Elena Valenciano, al término de su votación por la comisión de Asuntos Exteriores.
Para su entrada en vigor provisional, a la espera de un largo proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros, como ya hicieron Estonia y Hungría, el pleno de la Eurocámara debe primero ratificarlo. La votación está prevista en julio en Estrasburgo (noreste de Francia).
Negociado durante casi dos años desde abril de 2014, los cancilleres europeos junto a su par cubano Bruno Rodríguez firmaron el pasado mes de diciembre este Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, con el que la UE y Cuba buscan entrar en una nueva era de relaciones plenas.
La firma del pacto, que establece el objetivo de «entablar un diálogo» para fortalecer «los derechos humanos y la democracia», puso fin al anterior marco de relaciones, la llamada Posición Común de 1996 que vinculaba la cooperación europea a las «mejoras en los derechos humanos».
Aunque el acuerdo actual contempla la posibilidad de suspenderlo en caso de violar los compromisos sobre derechos humanos, muchos eurodiputados, especialmente conservadores y liberales, reclamaron un lenguaje más duro en esta cuestión y respecto a libertades públicas.
Para allanar el camino a su aprobación, sin tocar el pacto firmado, los parlamentarios decidieron adoptar una resolución de acompañamiento, aprobada también este martes y que recoge parte de sus llamados como a la UE a ayudar a la «transición política y económica en Cuba».
La persecución y reclusión de cualquiera por sus ideas y su actividad política pacífica supone una infracción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», recoge esta resolución no legislativa, que pide «la liberación de toda persona por estos motivos».
