La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha renovado la Licencia General 41, que permite a Chevron continuar sus operaciones petroleras en Venezuela hasta abril de 2025.
Esta decisión forma parte de los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para manejar las sanciones económicas y regular las complejas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
La renovación de la licencia habilita a Chevron, una de las pocas empresas estadounidenses que aún operan en Venezuela, a seguir extrayendo y exportando petróleo.
Esta acción se interpreta como un intento de equilibrar la presión sobre el régimen de Maduro, al tiempo que se preserva una fuente crucial de ingresos para la economía venezolana.
Antecedentes
Desde 2019, Estados Unidos ha impuesto diversas sanciones económicas, enfocándose principalmente en la industria petrolera.
Las tensiones han aumentado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que muchos denunciaron como fraudulentas, limitando así la capacidad del régimen para exportar petróleo, su principal fuente de ingresos.
La Licencia General 41, que ha sido renovada en varias ocasiones, es parte de una estrategia más amplia para mantener una presencia estadounidense en el sector energético venezolano mientras se busca una solución a la crisis política y económica del país.
El Departamento del Tesoro ha indicado que la renovación está condicionada a que Chevron no realice pagos en efectivo al régimen de Maduro, sino que utilice los ingresos para cubrir costos operativos y de mantenimiento.
Con esta medida, la administración estadounidense busca evitar que los fondos lleguen directamente al gobierno socialista.
José Ignacio Hernández, abogado y exprocurador especial en el gobierno interino de Juan Guaidó, ha señalado en redes sociales que, a pesar de las prohibiciones, Chevron parece estar pagando «regalías e impuestos» al gobierno de Maduro, lo cual plantea preocupaciones sobre la transparencia en estas operaciones.
