El Gobierno de Estados Unidos maniobra estos días por que se consume la extradición del testaferro de Nicolás Maduro desde Cabo Verde y su diplomacia defiende que juzgar a Alex Saab, acusado de lucrarse con el expolio de los recursos de los venezolanos, es un paso crucial en el desmantelamiento de una gran trama criminal de contrabando y narcotráfico que supervisa el chavismo.
El Político
El máximo responsable para Venezuela e Irán en el servicio diplomático estadounidense, Elliott Abrams, dice que «bajo Maduro, Venezuela se ha convertido en sede mundial de la corrupción mundial».
ABC reportó que Abrams tiene un mensaje claro para la comunidad internacional, incluida España: es hora de sumarse a la iniciativa de EE.UU. contra los excesos del régimen chavista. «Según Transparencia Internacional, Venezuela es uno de los cinco países más corruptos del mundo. La actual crisis de Venezuela es una gran prueba para la comunidad internacional. Creemos que la cooperación internacional, a través de una combinación de sanciones y diplomacia, puede lograr una restauración pacífica de la democracia, la estabilidad económica y el estado de derecho en Venezuela», asegura a este diario Abrams.
Es cierto que Venezuela, junto con Nicaragua, es, según Transparencia Internacional, el país más corrupto de Iberoamérica. Estos dos países, según un informe publicado en enero por esa organización no gubernamental alemana, tienen mucho en común: violaciones de los derechos humanos, represión de la oposición, carencia de servicios públicos básicos medidas de gobierno sin consultar a la ciudadanía. Esa organización ha afirmado, de hecho, que Venezuela está comenzando a ser un «estado fallido».
Cargos en Colombia
Tras el arresto de Saab, la fiscalía colombiana también presentó cargos contra el empresario, que tiene la doble nacionalidad de Colombia y Venezuela, por lo que describió como «actividades irregulares vinculadas a los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada». Posteriormente, la policía colombiana registró y se incautó de varias casas y apartamentos de Saab en la localidad de Barranquilla, incluida una lujosa mansión de 3.740 metros cuadrados, con un valor total estimado de 10 millones de dólares.
Abrams asumió el 6 de agosto el cargo de representante especial en funciones de EE.UU. para Irán, que suma al de enviado para Venezuela, en el que está desde enero de 2019. Es esta una decisión consciente de la diplomacia norteamericana: desde la pasada primavera los regímenes iraní y venezolano han estrechado lazos, reforzando su alianza política y militar. De hecho, al menos seis cargueros de gasolina iraní han sido enviados a Venezuela desde mayo, en desafío de las sanciones de EE.UU.
Apenas una semana después de que Abrams asumiera la cartera de Irán, EE.UU. se incautó cerca del estrecho de Ormuz de la gasolina que cuatro cargueros iraníes llevaban a Venezuela. Curiosamente, la orden de decomiso de los agentes federales que supervisaron la operación iba dirigida tanto a la Guardia Revolucionaria de Irán como al régimen chavista de Venezuela, según un anuncio posterior del departamento de Justicia norteamericano. Aproximadamente 1,1 millones de barriles de combustible fueron confiscados de los buques Bella, Bering, Pandi y Luna.
Según reveló The Associated Press, citando a funcionarios estadounidenses no identificados, no se utilizó ninguna fuerza militar en la incautación de la carga y ninguno de los barcos fue incautado. Sí cooperaron, según el departamento de Justicia norteamericano, varios socios de EE.UU. a los que no cita.
En estos momentos, el Supremo de Cabo Verde decide sobre la extradición de Saab, al que defiende el español Baltasar Garzón. El juzgado competente ya autorizó su extradición, algo que Garzón y los letrados Martha Rutsel Silvestre y José Manuel Pinto Monteiro calificaron de «arbitrario, sin sustento legal y con absoluta falta de motivación». Además, criticaron a EE.UU. por perseguir a Saab «por razones políticas» y de conculcar el ordenamiento jurídico y el derecho humanitario.
