El 15 de julio pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó un polémico comunicado en el que dio a conocer que mejoraba la captación del ingreso de los hogares. Los datos se basaron en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) y no en las Encuestas de Ingresos y Gastos de Hogares (ENIGH) que desde 1984 han servido de base para estimar, entre otros, el ingreso y la distribución por segmentos de la población (deciles).
La primera institución que reaccionó de forma negativa ante este comunicado fue el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) porque la decisión del INEGI rompe con «la evaluación histórica de las mediciones de pobreza que el consejo ha presentado desde 2008».
Coneval consideró «poco transparente» el proceso que siguió el INEGI e insistió en que «cualquier modificación para captar adecuadamente las variables económicas y sociales debe ser realizada con planeación».
Coneval recordó que de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social le corresponde al Consejo y no al INEGI la medición de la pobreza a escala nacional, estatal y municipal. El INEGI es sólo responsable de captar la información para hacer el cálculo: rezago educativo, calidad y espacio de viviendas; acceso a la alimentación, la salud, la seguridad social y los servicios básicos de la vivienda, entre otros.
Las nuevas cifras del INEGI implican que la pobreza y la desigualdad en México son menores a las reportadas anteriormente. Esto no significaría que entre 2014 y 2015 mejoró la situación del país porque los datos de MCS no son comparables a los del ENIGH, subrayó Coneval.
Por ejemplo, en los nuevos datos del INEGI «se presenta un aumento real de 33.6 por ciento de percepciones en los hogares más pobres en un año, lo cual no es congruente con una tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas».
También en materia de distribución del ingreso hay notables diferencias.
Los datos basados en MCS indican que el ingreso promedio del 10 por ciento más rico es 20 veces más grande que el 10 por ciento de los deciles más pobres. Sin embargo, este indicador está subestimado porque la diferencia puede ser de 57 veces, no 20.
La decisión del INEGI provocó también reacciones entre organizaciones especializadas como la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que advirtió que esta «confusión» puede llevar a discursos triunfalistas y a sacar conclusiones totalmente erróneas, como, por ejemplo, suponer que hay políticas o programas que están dando resultados o dar por bueno que «bajó la pobreza» en el país.
Frente a esta situación, la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza invitó a construir una estrategia de Estado frente a la pobreza y la desigualdad porque ambas siguen siendo demasiado elevadas para un país con el nivel de desarrollo económico. También advirtió que ni los niveles de desigualdad han cambiado ni la presunta «mejora» fue producto de acciones gubernamentales.
«Es sólo un cambio en la forma de medir. Es hora de romper los peores vicios de la proliferación de programas clientelistas, paternalistas y sin transparencia de los tres órdenes de gobierno», subrayó la agrupación.
En conclusión, se puede decir que el comunicado del INEGI fue por lo menos irresponsable, sino es que obedece a propósitos políticos. Lo único que ha ocasionado son severas críticas, descalificaciones y ha mermado innecesariamente la credibilidad del Instituto.
El INEGI es una institución clave para el país, durante años ha mantenido un alto nivel de credibilidad y, además, está en riesgo su autonomía si se convierte en un organismo dedicado a «maquillar» las estadísticas en función de las necesidades publicitarias del gobierno federal.
Por otra parte, no resuelve las serias limitaciones que tiene la medición del ingreso y mucho menos de su distribución, que en todo caso es lo más importante, sobre todo porque ya existen metodologías de ajuste que debieran ponerse en práctica y que han recomendado incluso investigadores del propio INEGI.
Por lo tanto, hemos propuesto instruir desde el Senado al INEGI para eliminar el comunicado del 15 de julio, mantener la metodología anterior para efecto de que el Coneval calcule la pobreza sobre bases comparables y que trabaje en la eliminación de las limitaciones de la ENIGH, mediante el ajuste con otras fuentes de información y en la construcción de una nueva serie estadística que permita analizar la evolución de la pobreza y la desigualdad.
Tampoco podemos olvidar que Coneval informó el año pasado que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto la población en situación de extrema pobreza aumentó en 2 millones de personas, especialmente en las urbes, dato que molestó a la administración federal. Este 26 de julio, Coneval deberá presentar los resultados de su nueva medición 2016.
La pobreza en México no se elimina por decreto ni la desigualdad desaparece a través de un comunicado.
La autora es senadora de la República.
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Twitter: @Dolores_PL
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Con Información de: El Financiero
