Abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por su siglas en ingles), en nombre de varios ministros, rabinos y organizaciones que proporcionan servicios de asesoramiento de aborto para las mujeres.
La ley de Florida solicita información sobre las personas y las organizaciones que aconsejan a mujeres que contemplan la opción del aborto, a proveer la información requerida por el estado, a notificar a sus padres si es menor de edad y a registrarse con la agencia de salud del estado.
El requisito de registro, aprobado en la sesión legislativa del 2016 y firmado por el gobernador de la Florida, Rick Scott, formaba parte de un paquete legislativa más amplia que buscaba bloquear la atención médica para el aborto en la Florida. Un tribunal federal ya ha anulado otras disposiciones.
La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de la Florida alega que la ley viola la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos al obligar a hablar, imponer restricciones basadas en el contenido y punto de vista y limita el discurso sobre el aborto, a aquellos que ya se han registrado en la Administración de la Agencia de Salud de la Florida (ACHA).
«Esta ley es un ejemplo de la discriminación clásica porque restringe a oradores solamente cuando ayudan a una mujer que busca consejo o atención médica para un aborto; no impone restricciones cuando los oradores, incluyendo los demandantes en este caso, ayudan a una mujer a llevar un embarazo a término, » dijo Talcott Camp, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU.
Agregó que la ley sólo puede servir para aislar a una mujer que busca ayuda. «Este aislamiento es particularmente amenazante para los menores que, en virtud de esta ley, no pueden pedir consejo ni ayuda a sus pastores ni a una organización de servicios sin provocar un requisito de notificación paterna sin excepciones, incluso para los menores que son víctimas del abuso.”
La ley no hace ninguna distinción entre los innumerables tipos de personas y grupos que una mujer puede consultar cuando considera o busca un aborto: organizaciones caritativas, abogados, clérigos, organizaciones de defensa de las mujeres, refugios contra la violencia doméstica, centros para sobrevivientes de agresión sexual, y organizaciones comunitarias entre otros.
Será requerido que estas personas o grupos se registren con la Administración de la Agencia de Salud de la Florida como una «agencia de referencia o consejería de aborto», y tendrán que proporcionar información obligatoria e información médica con sanciones penales por incumplimiento.
«El estado no puede decir a los ciudadanos lo que pueden y no pueden decir, o exigir que se registren con el estado antes de que puedan hablar, especialmente sobre algo tan personal y privado como elección reproductiva,» dijo James K. Green.
Los demandantes en el caso representan los individuos y organizaciones afectados por las provisiones de esta ley, incluyendo el requisito de registro, que entra en vigor el 1 de enero.
No sólo están preocupados por las restricciones de libertad de expresión presentadas por la ley, pero también les preocupa los términos indefinidos, por los cuales tendrán que registrarse como una «agencia de referencia o consejería de aborto», que pudieran convertirlos en objetivos de hostigamiento y amenazas de violencia.
La demanda nombra al secretario interino de la AHCA, Justin Senior, y al fiscal general de la Florida, Pam Bondi, como acusados en sus puestos oficiales.
Los demandantes también tienen la intención de presentar una petición solicitando una medida cautelar o una orden de restricción temporal que prohíba poner la ley en vigor.
Con información de Diario Las Américas
