Estados Unidos investiga a un magnate naviero venezolano por violar posiblemente las sanciones al llevar combustible que escasea a su país, según dos altos funcionarios estadounidenses.
Reuters / El Político
La investigación se enfoca en un cargamento que Wilmer Ruperti, un excapitán de petrolero que ahora es un adinerado hombre de negocios, envió en abril desde Trinidad y Tobago, dijeron los funcionarios a Reuters.
El empresario de 60 años ha estado cerca del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela desde el gobierno de 1999-2013 de Hugo Chávez, ganando lucrativos contratos con la petrolera estatal PDVSA. Ruperti ha mantenido esa relación bajo el presidente Nicolás Maduro, incluso cuando Washington trata de poner fin a su control del poder, según personas familiarizadas con el asunto.
Ni Ruperti, que pasa gran parte de su tiempo en su mansión con vista a Caracas, ni los representantes de él o sus empresas registradas en Suiza, Maroil Trading y ES Euro Shipping, respondieron a múltiples solicitudes de comentarios por correo electrónico, correo postal y LinkedIn.
Ruperti es más conocido en Venezuela por haber fletado barcos en 2002-2003 para importar gasolina y ayudar a romper una huelga en PDVSA, ganando una medalla de un agradecido Chávez.
El tanquero que transportaba el envío de alrededor de 150.000 barriles en abril había señalado a Aruba como su destino, pero dejó de transmitir su ubicación antes de descargar en la terminal El Palito de Venezuela, según datos de Refinitiv Eikon y personas con conocimiento del asunto.
El enviado del presidente Donald Trump para Venezuela, Elliott Abrams, dijo que el Departamento del Tesoro, que supervisa la política de sanciones, determinará el curso de la investigación.
“Creo que las personas que hacen cumplir las sanciones estadounidenses están observando sus actividades”, dijo en una entrevista el 29 de mayo.
“Ruperti ha reconocido lo que está haciendo”, agregó Abrams, sin dar más detalles.
Ruperti dijo en una entrevista en abril con Associated Press que había enviado ese mes a Venezuela un cargamento de gasolina de 300.000 barriles y tenía la intención de enviar un millón de barriles más.
Fue citado describiendo la operación como un “trabajo humanitario” y que sus abogados habían informado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo, sin recibir ninguna objeción.
Los funcionarios estadounidenses han dicho que hay excepciones para bienes humanitarios como alimentos, medicamentos e, incluso en algunos casos, combustible, pero tales envíos requieren autorización explícita de Estados Unidos.
Abrams dijo que no estaba al tanto de ninguna aprobación de Estados Unidos para las actividades de Ruperti. Un segundo alto funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que Ruperti estaba siendo investigado y también dijo que no se había otorgado ninguna exención.
El funcionario calificó las transacciones de Ruperti como “definitivamente sancionables”, aunque no proporcionó un cronograma para acciones potenciales: “Siempre vamos a construir el mejor caso posible”.
El Departamento del Tesoro, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) supervisa las sanciones, no confirmó si está investigando a Ruperti. Pero dijo que recibe muchas consultas cada semana a través de varios canales oficiales sobre si las actividades de individuos o entidades cumplen con las sanciones.
“Quienes presenten tales solicitudes no deberían concluir que su actividad es permisible o no sancionable bajo las autoridades de la OFAC sin recibir una confirmación formal de la OFAC”, dijo un portavoz del Tesoro.
Trump frustrado
Algunos funcionarios estadounidenses dicen en privado que Trump está frustrado por no haber destituido a Maduro, a quien ridiculiza como un dictador corrupto. Washington ha buscado en los últimos meses tomar enérgicas medidas contra los que violan las sanciones, pero Maduro retiene el apoyo de su ejército, así como de Rusia, China, Cuba e Irán.
Estados Unidos, y la mayoría de las naciones occidentales, consideran que Maduro manipuló su reelección de 2018 y reconocen a Juan Guaidó, el presidente del Congreso, como el líder legítimo de Venezuela. Maduro dice que Washington quiere controlar las vastas reservas de petróleo de la nación OPEP.
El envío de aproximadamente 150.000 barriles, en el centro de la investigación estadounidense, dejó el puerto Pointe-a-Pierre, de Trinidad, a bordo del petrolero Aldan, de bandera de Liberia, el 20 de abril, señalando a Aruba como su destino, según datos de Eikon.
No obstante, el 22 de abril dejó de transmitir su ubicación, mostraron los datos. Según tres fuentes, el barco luego fue a la terminal de El Palito, en Venezuela, para descargar.
Eurotankers Inc, con sede en Grecia y que maneja el Aldan, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Ni Ruperti ni su compañía Maroil han confirmado públicamente todos los detalles de la transacción. Pero una factura de marzo vista por Reuters mostró una solicitud de anticipo de Maroil a PDVSA por 12 millones de euros (13,7 millones de dólares) para el suministro de gasolina. Reuters no pudo confirmar si se completó el pago.
Después de entregar la gasolina, Maroil también recibió en mayo una carga de combustible de 270.000 barriles de PDVSA en el buque Confidence P, según documentos internos de la compañía.
Eso sugiere que el acuerdo puede haber sido estructurado como un intercambio de la gasolina enviada desde Trinidad por combustible producido en el país.
Las autoridades estadounidenses consideran que tales intercambios son prácticas para evadir las sanciones, dijo el alto funcionario de la administración estadounidense.
Algunos de los socios extranjeros de PDVSA han evitado las transacciones en efectivo con la compañía debido a la prohibición de Washington del uso del sistema financiero de Estados Unidos y en su lugar han recurrido a esos intercambios.
La red de refinación de Venezuela, de 1,3 millones de barriles por día, casi se ha derrumbado. El mes pasado, Maduro importó combustible de Irán, otro adversario estadounidense sancionado.
Desde que Trump asumió el cargo en 2017, su administración ha impuesto sanciones a Maduro y a docenas de sus aliados. Si Ruperti entre a esa la lista negra, cualquier activo estadounidense que posea se congelaría y los estadounidenses tendrían prohibido hacer negocios con él.
Búsquedas en registros públicos de Estados Unidos muestran que Ruperti ha tenido residencias en el área de Miami, incluida Doral, una zona acomodada con una gran comunidad de emigrantes venezolanos. Reuters no pudo verificar independientemente si Ruperti sigue teniendo propiedades en Estados Unidos.
Los lazos de Ruperti con la administración de Maduro son estrechos, según personas familiarizadas con el asunto.
Ayudó a pagar la defensa legal de dos sobrinos de la esposa de Maduro, la primera dama Cilia Flores, en un juicio en Nueva York por tráfico de drogas en el que ambos fueron condenados a fines de 2016, dijo una de las fuentes, confirmando informes de prensa de esa época.
Fuente: Reuters
