La Corte Constitucional de Ecuador aprobó la realización de una consulta popular impulsada por el presidente del país, Rafael Correa, que busca prohibir que los funcionarios públicos tengan bienes o capitales en paraísos fiscales.
El diario Expreso informó hoy en su portal web que el juez constitucional Francisco Butiñá confirmó que la Corte «dio un dictamen favorable» a la consulta solicitada por Correa.
Butiñá explicó que, no obstante, aún «se tienen que hacer las notificaciones» correspondientes y que la Corte debe publicar el texto de la resolución en su portal de internet.
Además, según el procedimiento habitual, la Corte debe notificar al Ejecutivo su decisión para que este, por decreto, convoque a la consulta, que deberá ser organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Correa prevé que la consulta se realice el 19 de febrero próximo, día en que también se realizarán los comicios presidenciales y legislativos en el país.
El mandatario, con la consulta, busca impedir que ningún funcionario público pueda ejercer sus funciones si tiene bienes o capitales en los denominados paraísos fiscales.
«¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?», es la pregunta planteada por Correa.
El letrado Rafael Oyarte, consultado por el diario Expreso, destacó el hecho de que la Corte Constitucional haya emitido su resolución en un plazo relativamente corto, en comparación con otras causas que demoran mucho más tempo.
Oyarte opinó que el apuro puede deberse a los plazos constitucionales, pues explicó que luego de que el CNE reciba el proyecto de consulta, tendrá hasta el 19 de diciembre para convocarla y que coincida con la jornada de elecciones de febrero.
La lucha contra los paraísos fiscales, conocida como «Pacto ético ya», es una cruzada que ha emprendido Correa en su país y en el exterior, pues ha llamado a la comunidad internacional a prohibir ese tipo de regímenes financieros en el mundo.
Ecuador pidió en la última Asamblea General de Naciones Unidas que se prohíban los paraísos fiscales, a los que considera fuentes de corrupción y de desigualdad.
Correa ha denunciado que grupos poderosos de su país han enviado a paraísos fiscales unos 30.000 millones de dólares, recursos que, al no pagar impuestos, han impedido que se genere empleo o se construyan escuelas y hospitales.
La Fiscalía ecuatoriana incluso ha abierto investigaciones contra ex altos cargos de la estatal Petroecuador, acusados de corrupción y de tener cuentas millonarias en paraísos fiscales.
En este caso están bajo investigación unas 17 personas, entre ellas los exgerentes de Petroecuador Alex Bravo y Carlos Pareja, este último también exministro de Hidrocarburos y con orden de búsqueda internacional por Interpol.
La investigación gira en torno al supuesto pago de comisiones o coimas a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales y relacionadas con contratos suscritos entre la petrolera estatal y empresas privadas.
La Fiscalía ha sustentado sus investigaciones también en la información revelada a través de los denominados «papeles de Panamá», que ha salpicado a importantes personajes en todo el mundo.
Con información de: EFE
