La diputada argentina del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Milagro Salas, detenida desde hace diez meses en su país, dirigió una carta al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, para que interceda por su liberación.
La carta, a la que tuvo acceso Efe, está escrita de puño y letra por Salas y fue adjuntada a otra misiva del vicepresidente del Parlasur Daniel Caggiani igualmente dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que también se pide que Almagro interceda por la liberación de la parlamentaria.
Milagro Sala argumenta en su manuscrito que tras su detención inicial, por participar en una protesta, fueron armándola «una causa tras otra» para mantenerla «retenida arbitrariamente» e imputándole «todo tipo de delitos sin prueba alguna hasta el día de hoy» que sigue presa.
«Para sostener esta farsa -afirma la diputada- se seleccionaron a jueces y fiscales, se quebrantó la división de poderes, se violó el debido proceso, mi derecho de defensa y la garantía de igualdad ante la ley que la Constitución manda resguardar».
«A pesar de ser parlamentaria del Parlasur, se ignoraron mis derechos y la inmunidad de mi cargo», subraya la diputada, a la vez que recuerda a Almagro que «el grupo de trabajo e la ONU sobre detenciones arbitrarias emitió la resolución 31/2016 denunciando la arbitrariedad» de su detención y pidiendo al Gobierno argentino que la liberara «de inmediato».
Por ello, Milagro Salas pide al secretario general de la OEA en su carta, fechada al 26 de noviembre, que denuncie esta «flagrante violación» a sus derechos y pida «que se cumpla la resolución de la ONU».
La carta suscrita por Caggiani, representante nacional por Uruguay en el Parlasur, lleva fecha de 27 de noviembre y fue escrita después de la visita que el propio firmante y el presidente del Parlamento del Mercosur, Jorge Taiana, realizaron, el sábado, a la parlamentaria, encarcelada en el establecimiento penitenciario Alto Comedero, en la provincia de Jujuy (Argentina).
La misiva de Caggiani, a la que también tuvo acceso Efe, recuerda a Almagro que Salas «es una parlamentaria electa para integrar el Parlasur y, debido a su detención, se le está impidiendo concurrir a las actividades del organismo regional, y por tanto se están violentando sus fueros parlamentarios por parte del Estado Argentino, hecho de por si que ya tiene una importante gravedad».
«Salas está detenida de forma arbitraria violando principios básicos de cualquier estado de derecho, como el de la presunción de inocencia y el derecho a tener las garantías del debido proceso y tener un juicio justo», añade la carta de Caggiani.
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Según Caggiani, «entidades como Amnistía Internacional y el CELS, el primer ministro de Canadá o la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y un sinnúmero de personalidades y ciudadanos anónimos de Argentina y la región, han manifestado su preocupación por la situación de Milagro Sala».
La diputada permanece presa desde el 16 de enero, cuando la Justicia de Jujuy ordenó detenerla por presunta instigación, tumulto y sedición, entre otros cargos, durante una protesta social organizada por Tupac Amaru -agrupación liderada por ella- en esa región.
Trece días después, un juez provincial ordenó su excarcelación, pero, en contra de esa decisión, Sala permaneció detenida preventivamente por una causa abierta el día anterior en la que se le imputaron delitos de defraudación a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.
En octubre, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió al Estado argentino que liberase de inmediato a Sala, al considerar que fue apresada de forma arbitraria.
Tras esta petición, la Justicia de la provincia otorgó la libertad a cinco miembros de la Tupac Amaru que estaban detenidos junto a Sala, entre ellos su marido, Rául Noro, de 72 años, que estuvo hasta el pasado jueves en prisión domiciliaria.
La Cancillería argentina envió ese día un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también pidió explicaciones por la detención de la activista, en el que expresó que «es incorrecta la interpretación acerca de la continuidad en prisión de la señora Sala».
Aun así, después de un análisis «exhaustivo» de la situación, la Cancillería dejó el peso de la decisión en los tribunales jujeños, por estimar que es la Justicia de la provincia de Jujuy la que debe resolver dichas peticiones.
Con información de: EFE
