El Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), invocado para el caso de Venezuela, expresa la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad.
El Político
La R2P surge en la Resolución Final de la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 (A/RES/60/1), cuyos parágrafos 138 y 139 enuncian el deber de los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas ante estos cuatro tipos de crímenes.
Reportó El Pitazo que Juan Guaidó, planteó a los países participantes en el 75° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que evalúen la activación del principio de responsabilidad de proteger en Venezuela.
Esto, a raíz del reciente informe de la Misión de Verificación de Hechos sobre violaciones de DDHH en Venezuela, en el que se recomienda a Estados iniciar acciones penales para enjuiciar a responsables de crímenes de lesa humanidad.
Aunque la doctrina da luz verde a la comunidad internacional de intervenir la soberanía de un país, incluso con el uso de la fuerza de ser necesario, se diferencia de una intervención humanitaria convencional en el hecho de que no solamente se apoyan en la vía militar, sino que tiene un fin eminentemente preventivo, y debe primero agotar todas las opciones pacíficas y diplomáticas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU pueda siquiera considerar la posibilidad de una incursión armada.
Los genocidios de Ruanda (1994) y Bosnia (1995), así como la guerra de Kosovo fueron los impulsores de la creación del principio R2P, que desde su promulgación en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, ha emitido al menos 80 resoluciones desde el Consejo de Seguridad con el fin de evitar que crímenes de lesa humanidad como esos vuelvan a repetirse. Aunque no siempre los resultados de estas intervenciones han sido los deseados.
El abogado experto en derecho internacional, Mariano de Alba explica que la responsabilidad de proteger es un compromiso político adoptado en el año 2005 en la ONU para tratar de responder a la comisión de graves crímenes como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
“Tiene tres pilares: primero, la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus ciudadanos. Segundo, el exhorto de la comunidad internacional a un Estado cuando observe que no lo está haciendo. Tercero, la adopción de medidas diplomáticas o coercitivas cuando un Estado no quiera o no pueda proteger a su población”, señala a Efecto Cocuyo.
De Alba indica que el principio de responsabilidad ha sido activado recientemente durante situaciones de violencia étnica en Kenia entre 2007 y 2008 y crisis políticas en Costa de Marfil y Libia durante 2011. En estos dos últimos países africanos, menciona, el Consejo de Seguridad autorizó operaciones militares para responder a la violencia.
