Dos organizaciones de defensores de derechos humanos de El Salvador pidieron hoy la creación de una ley que les proteja del ambiente de violencia, impunidad y corrupción que vive el país, donde los ataques en su contra están «invisibilizados».
«El trabajo del defensor de derechos humanos en nuestro país es bastante riesgoso (…) y es necesario que el Estado ponga de su parte para que haga su labor sin contratiempos y tropiezos», dijo a Efe Ovidio Mauricio, miembro de la no gubernamental Tutela Legal «María Julia Hernández».
Mauricio lamentó que tampoco exista una política gubernamental para facilitar su trabajo porque hay sectores «con poder económico y político que agreden al defensor de derechos humanos» y otros ligados al narcotráfico y pandillas.
«El defensor está ahí, retando sus poderes, y el Estado tiene que protegerlo» y «sino lo hace, aveces se vuelve cómplice y encubridor», acotó.
Añadió que otro problema que afrontan quienes defienden los derechos humanos de la población es el estigma de ser defensores de «delincuentes» por los señalamientos que hacen al Estado, como en los casos de brutalidad policial.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Abraham Ábrego, señaló que los ataques que sufren los defensores en El Salvador pueden quedar «invisibilizados» en medio de la violencia generalizada que afronta el país.
Añadió que «en El Salvador todavía persisten las afectaciones a las personas que quieren promover los derechos humanos y eso ha incluido no solo atentados a la integridad física y a la vida, sino también a la criminalización».
«Hemos visto que hay tendencia de disfrazar de procesos penales los intentos de callar las protestas y denuncias de organizaciones y activistas», acotó Ábrego.
Este fenómeno también fue denunciado en abril anterior en una entrevista con Efe por el líder indígena salvadoreño y asesor de las Naciones Unidas, Jesús Amadeo Martínez.
Detalló que en la región hay un problema de «seguridad jurídica» en la tenencia de las tierras de estos pueblos, lo que las trasnacionales buscan aprovechar, y para ello «se van criminalizando los procesos de las organizaciones» vinculándolos con «acciones ilegales para sacarte de tu territorio».
«El factor violencia que hay en el país complica el trabajo de los defensores» porque las amenazas y ataques vienen de organismos estatales, «el crimen organizado, las pandillas y empresas», aseguró.
Entre los casos más sonados de asesinatos de defensores de derechos en El Salvador destacan los ambientalistas Dora Alicia Recinos, Ramiro Rivera Gómez y Marcelo Rivera, miembros del Comité Ambiental del central departamento de Cabañas, quienes se oponían a proyectos de explotación minera.
En marzo del 2015, el entonces representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Roberto Valent, aseguró que este país tiene «retos importantes» que superar en derechos humanos para «viabilizar» que la población pueda «vivir» dichos derechos.
Con información de: EFE
