La expresidenta argentina Cristina Fernández tildó de «provocación» el despliegue de fuerzas de seguridad dispuesto por el Gobierno de Mauricio Macri por la comparecencia este lunes de la exmandataria en tribunales de Buenos Aires.
«El despliegue de fuerzas de seguridad fue una provocación, como tantas otras», dijo Fernández, quien prestó este lunes declaración en una causa por supuestas irregularidades en la concesión de obra pública durante su Gobierno (2007-2015).
En su perfil en la red social Facebook, la ex jefa de Estado sostuvo que para el operativo «usaron todo un destacamento móvil de Gendarmería, casi 600 hombres», con un «despliegue logístico» que, a su juicio, solo se justifica para «lugares inhóspitos».
Fernández afirmó que los gendarmes rodearon la camioneta de las Madres de Plaza de Mayo -quienes acudieron hasta las puertas de los Tribunales en apoyo a la exgobernante- «con los uniformados en muestra de torpeza, estupidez y provocación».
Fernández, que fue arropada por miles de militantes kirchneristas mientras declaraba ante la Justicia sin responder preguntas, sostuvo que el operativo careció de coordinación y conducción y, según su punto de vista, «se notó, más allá de la clara intención de reprimir a los militantes, una falta de actuación de la línea de la Policía Federal, dispersa, sin lógica de intervención, lo que los convirtió en una manga de forajidos».
«La falla en la conducción política es lo que más resalta», aseveró Fernández, quien comentó que «solo a Macri se le puede ocurrir poner a alguien como Patricia Bullrich», ministra de Seguridad, «al frente de las fuerzas de seguridad».
Fernández criticó a Bullrich por afirmar que el operativo «salió perfecto», cuando, aseguró la exmandataria, hubo «golpes, palazos y hasta la denuncia de una diputada por agresiones», en referencia a la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, quien presentó una denuncia por presuntamente haber sido agredida por la Policía.
La exmandataria debió presentarse este lunes ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga el supuesto diseño de un esquema de «beneficios exclusivos» en detrimento de las arcas del Estado y a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por presunto lavado de dinero en otra causa-.
A su salida de los tribunales, la ex jefa de Estado aseguró sentirse víctima de «una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático» puesta en marcha por el Gobierno de Macri que, a su juicio, de esa forma, intenta «tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina«.
Con información de EFE
