Violencia en el Congreso de Honduras. Lo que teóricamente era la reunión de una Junta Directiva terminó con varias personas lesionadas.
El Político
Los incidentes se desarrollaron este 31 de octubre, luego de que Luis Redondo, presidente del Parlamento, solicitó un encuentro del buró que dirige al Legislativo.
Redondo, diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), no precisó el motivo del cónclave.
Desde la oposición advirtieron, sin embargo, que la reunión se convocó con la finalidad de disolver el Parlamento.
Ante tal posibilidad, asambleístas del Partido Liberal (PL) y del Partido Salvador de Honduras (PSH) acudieron a la sede del Legislativo.
Los adversarios de la presidente Xiomara Castro denunciaron que su intento de llamar a una sesión ordinaria se vio frustrado por la actuación de la seguridad del Congreso.
De acuerdo con legisladores de la oposición, los agentes se encargaron de encerrarlos en un espacio del edificio en el que opera el Parlamento.
Los funcionarios, que actuaron en compañía de la Policía Nacional, habrían acatado órdenes del diputado Luis Redondo.
Más tarde, pero ya en las afueras de la sede legislativa, los opositores coincidieron con turbas que decían apoyar a la presidente Castro y a Libre.
Fue allí cuando las tensiones subieron de tono, derivando en violentos disturbios. Los involucrados se arrojaron palos y piedras.
En medio de la batalla, Antonio Rivera, parlamentario del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, sufrió una herida en su cabeza.
Culminadas las escaramuzas, la oposición, que engloba a 72 diputados de los 128 que conforman el Congreso, convocó una plenaria de carácter ordinario.
En respuesta, el oficialismo encabezado por Luis Redondo, llamó a una sesión extraordinaria para este jueves.
En Honduras, el Congreso no opera con normalidad desde hace dos meses. Diferencias entre el partido de gobierno y las organizaciones opositoras han impedido su funcionamiento.
En agosto, las partes no alcanzaron un consenso con respecto a la designación de un nuevo fiscal general y de su respectivo fiscal general adjunto.
Tampoco ha habido acuerdo con respecto a una eventual extensión del año legislativo.
Desde la oposición piden que el término, que concluye este miércoles, se prolongue hasta el 24 de enero de 2024.
