El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, firmó hoy un decreto para establecer horarios escalonados y una jornada laboral de cuatro días a la semana en el sector público, con el objetivo de disminuir la congestión vial en el Gran Área Metropolitana.
La iniciativa establece tres horarios de ingreso por la mañana, a las 6:30 horas (12:30 GMT), a las 8:00 y a las 9:30 (14.00 y 15.15 GMT), y además abre la posibilidad de que los funcionarios, en común acuerdo con sus jefes, trabajen 10 horas de manera continua durante cuatro días por semana, con un día libre que podrá ser martes o jueves.
«La medida es parte de las acciones solicitadas por el presidente para que desde el sector público contribuyamos a disminuir el congestionamiento vial en las principales vías de acceso y en el centro de San José», afirmó en conferencia posterior al Consejo de Gobierno el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado.
Los directores de cada institución son los responsables de establecer los nuevos horarios y jornadas, en consulta con los funcionarios y jefaturas, y deberán garantizar que en ningún caso se afecten los horarios de atención a la ciudadanía, ni el cumplimiento de metas.
El decreto, que es de acatamiento obligatorio para los ministerios y sus órganos adscritos que tienen oficinas en la zona, indica que en cada rango de horario deberá permanecer al menos el 30 % por ciento del personal de cada departamento.
Los cambios de horarios y la jornada no podrán ser aplicados en los centros de salud, en la policía, en los centros educativos, ni en servicios de atención de emergencias.
El Gobierno instó al Poder Legislativo, Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones y a los municipios que se encuentran en la capital a implementar estas medidas.
El departamento de Estudios y Diseños de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito determinó que en las mañanas el flujo de personas se concentra entre las 7:00 y 8:00 horas, mientras que por la tarde la concentración de salidas se da entre las 15:00 y 17:00 horas.
Alvarado explicó que la iniciativa estará vigente desde su publicación y hasta el próximo 30 de noviembre, ya que durante ese periodo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá realizar un estudio sobre el impacto y recomendar su ampliación para el próximo año, así como evaluar posibles mejoras.
El decreto fue firmado hoy por el presidente Solís, el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, y el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta.
En los últimos meses el tema de los embotellamientos en las carreteras ha estado en la palestra en el país y entre otras soluciones planteadas por el Gobierno se encuentran obras viales y un proyecto de un tren eléctrico que se planea desarrollar en los próximos años en el área metropolitana.
EFE
